La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) reitera su exigencia a las administraciones públicas para que el reparto de la publicidad institucional se atenga a la jurisprudencia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación es la audiencia medida de forma objetiva.
Tras la carta que han remitido desde CTXT, Infolibre, El Salto, La Marea y Carne Cruda, en la que los cinco medios firmantes consideran que FAPE “debería reclamar públicamente un reparto justo de los impuestos que pagan los y las madrileñas, así como el respeto a los más elementales preceptos de la libertad de prensa y la pluralidad de opinión”, la Federación recuerda que su última Asamblea General, celebrada en Lanzarote el pasado 15 de abril, ya aprobó una propuesta de resolución en este sentido.
Por lo anteriormente expuesto, FAPE acuerda:
- Exigir a las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales que, para el reparto de la publicidad institucional, se atenga a la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de los Tribunales Superiores de Justicia, que establece que el criterio básico de comparación entre las empresas que operan en cada uno de los diversos medios de comunicación (prensa, televisión, radio e internet) es la audiencia medida de forma objetiva por las empresas especializadas en medición de audiencias, ponderada con las tarifas ofertadas.
- Instar a las administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales a que no contemplen en el reparto de estas ayudas públicas a aquellas empresas periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos, o por promover informaciones falsas.
- Demandar a las empresas periodísticas que exista una clara diferenciación entre lo que es información elaborada por los profesionales de la redacción, de otros contenidos netamente políticos que se presentan como información cuando realmente es propaganda institucional. Los usuarios han de ser capaces de reconocer visualmente aquellos contenidos que están consumiendo para preservar la credibilidad de las informaciones.
