Amnistía Internacional denuncia los retrocesos de la libertad de expresión en España

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Amnistía Internacional considera que  la entrada en vigor el pasado uno de julio, de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y de la reforma del Código Penal, han amenazado el ejercicio de derecho de reunión y expresión en España. La ONG lo ha señalado así en un informe sobre el derecho de expresión en el mundo presentado el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con motivo del inicio de la campaña Personas que actúan por personas (Write4Rights)

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Para Amnistía Internacional, que recogió casi 70.000 firmas pidiendo que se protegiera el derecho a la protesta, la LOSC amplía los poderes a la policía sin ofrecer salvaguardias para los ciudadanos. Además, contiene limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones, incluida la prohibición de las “reuniones espontáneas” en determinados lugares. La restricción de la grabación de agentes de policía en vídeo, con multas de hasta 30.000 euros para quienes difundan las imágenes, preocupa a Amnistía Internacional, para quien las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía durante el control policial de las manifestaciones.

En cuanto a la reforma del Código Penal la organización considera que contiene una definición demasiado amplia y vaga de algunos de los delitos de terrorismo. Junto a esto, la prohibición de determinadas declaraciones en redes sociales que puedan ser percibidas como una incitación a que otras personas cometan ataques violentos, incluso sin que esa declaración pueda relacionarse con un acto violento, pueden amenazar derechos como la la libertad de expresión y asociación, y a la presunción de inocencia.

De la misma manera, se recuerda que un total de cinco relatores de derechos humanos de Naciones Unidas han criticado y pedido la retirada de estas reformas legislativas.

Amenazas crecientes

Fuera del apartado dedicado a España, Amnistía Internacional señala en su informe anual que casi tres cuartas partes de los Estados (119 países de los 160 incluidos en el informe) restringieron arbitrariamente la libertad de expresión con medidas como la represión de la libertad de prensa, incluidos el cierre forzoso de periódicos, y amenazas y ataques contra periodistas, así como restricciones al derecho de reunión y manifestación. Se denuncian leyes y prácticas restrictivas desde en China y Egipto hasta Francia y Estados Unidos.

Contra los más graves casos de personas encarceladas por defender pacíficamente los Derechos Humanos, Amnistía Internacional celebra hasta el 17 de diciembre la campaña Whrite4Righs, pidiendo a los ciudadanos cartas y mensajes pidiendo su libertad. En España, la campaña de 2015 se centra en pedir apoyo para dos casos de personas encarceladas injustamente: Los activistas juveniles Yves Makwambala y Fred Bauma, de República Democrática del Congo y la familia siria de Rania Alabbasi, su esposo Abdulrahman Yasin y los seis hijos de ambos (cinco niñas y un niño), de entre 3 y 15 años de edad.