La PDLI advierte que la proposición de Podemos sobre redes sociales podría ser inconstitucional

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera que la Proposición No de Ley de Unidas Podemos sobre redes sociales que salió adelante en la Comisión de Interior del Congreso podría ser inconstitucional. Sostiene que supone un límite desproporcionado a la libertad de expresión al abrir la puerta a la censura, sin las garantías necesarias, de los contenidos de Internet.

La Proposición insta al Gobierno a regular “el tiempo de procesamiento de los contenidos denunciados. Los operadores de las empresas TIC tendrán 24 horas para eliminar o deshabilitar de la web los contenidos que inciten al odio y a la violencia; o una hora cuando las víctimas sean menores”.

Además, en la exposición de motivos de la Proposición se toman como ejemplos dos precedentes muy negativos para la libertad de expresión: por un lado, la ley pionera en el tema, en Alemania, sobre la que existen grandes dudas de su constitucionalidad, y que utilizada como “plantilla” legislativa por gobiernos autoritarios en todo el mundo, y, por otro, la norma francesa, que obliga a las plataformas a controlar lo que es delito en tiempos muy breves y que mereció una contundente respuesta por parte de la Comisión Europea.

Además, la complejidad de estas situaciones ha llevado a que el Parlamento Europeo haya señalado en una resolución la necesidad de asegurar un protagonismo judicial en el control de contenidos para evitar que las plataformas de Internet no se erijan en moderadoras de contenidos, y que sean muy transparentes y colaborativas con los Estados y la Unión respecto de todas las acciones que acometan.

La PDLI recuerda que hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, las plataformas ya tienen instrumentos bastante desarrollados en materia de eliminación del discurso del odio, y por otro lado, la Comisión Europea está a punto de presentar su propuesta de una nueva ‘Ley de Servicios Digitales’ (la conocida como ‘Digital Service Act’) y parece lo más prudente esperar a conocer el contenido de esta norma que regula todo ello y que España deberá transponer.