Reporteros Sin Fronteras ha alertado, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, de las múltiples amenazas que afrontan los periodistas especializados en información medioambiental y ha reclamado una mayor protección para estos profesionales, a quienes considera esenciales para garantizar el derecho a una información fiable sobre la crisis climática.
La organización ha recordado que el 5 de junio coincide con el aniversario del asesinato del periodista británico Dom Phillips en la Amazonía brasileña en 2022 y ha advertido de que los reporteros que cubren cuestiones relacionadas con el medio ambiente siguen siendo objeto de amenazas, agresiones, campañas de acoso, detenciones e incluso asesinatos en numerosos países.
La directora editorial de RSF, Anne Bocandé, ha subrayado que la lucha contra el cambio climático exige proteger tanto la libertad de prensa como a quienes producen información rigurosa sobre estas cuestiones.
En un informe difundido este jueves, la organización identifica diez amenazas recurrentes que dificultan el trabajo de los periodistas medioambientales en todo el mundo.
Entre ellas figura la imposibilidad de acceder a determinadas zonas de interés informativo. RSF cita el caso de tres periodistas ghaneses que fueron amenazados y agredidos mientras investigaban actividades de minería ilegal en terrenos agrícolas del oeste de Ghana.
La organización también denuncia las restricciones al acceso a la información pública. Como ejemplo, señala la eliminación de miles de páginas web de agencias federales estadounidenses relacionadas con cuestiones medioambientales tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, así como el bloqueo en India de un reportaje sobre el desplazamiento forzoso de una comunidad por la construcción de un centro de datos.
Otra de las amenazas destacadas es la presión sobre las fuentes informativas. RSF recuerda que varios activistas camboyanos fueron detenidos después de participar en un reportaje de la cadena France 24 sobre cuestiones ambientales, mientras que el periodista británico Gerald Flynn fue incluido en una lista negra que le impide regresar a Camboya.
La organización alerta además del incremento de campañas de ciberacoso contra periodistas. Entre los casos recientes menciona el de la periodista ucraniana Olena Mudra, objeto de una campaña de difamación tras publicar investigaciones sobre un controvertido proyecto eólico en los Cárpatos.
Las presiones también alcanzan a los medios de comunicación. RSF recuerda que en enero de 2026 un grupo de ostricultores incendió la entrada de la sede del diario francés Midi Libre después de que el periódico informara sobre una prohibición sanitaria relacionada con la venta de ostras.
El informe denuncia igualmente el uso creciente de demandas judiciales intimidatorias para frenar investigaciones periodísticas. Según la organización, este tipo de procedimientos buscan desgastar económica y psicológicamente a los medios y periodistas que informan sobre asuntos de interés público.
La violencia física durante protestas medioambientales, las detenciones arbitrarias y las condenas judiciales también forman parte de los riesgos identificados por RSF. Entre otros casos, destaca el encarcelamiento de la documentalista birmana Shin Daewe, liberada en abril de este año tras permanecer más de dos años en prisión.
La organización advierte asimismo de que las amenazas de muerte y los asesinatos continúan siendo una realidad para quienes investigan delitos medioambientales. Además del caso de Dom Phillips, recuerda el fallecimiento en Turquía del documentalista Hakan Tosun tras una agresión y el intento de asesinato sufrido por el periodista mozambiqueño Carlitos Cadangue.
Por último, RSF subraya que los periodistas medioambientales están cada vez más expuestos a los efectos directos del cambio climático. Fenómenos extremos como inundaciones, incendios o ciclones afectan tanto a su seguridad como a la capacidad operativa de los medios de comunicación locales.
Ante esta situación, la organización ha hecho un llamamiento a gobiernos, instituciones y sociedad civil para reforzar la protección de los periodistas medioambientales y garantizar el acceso a una información libre e independiente sobre los desafíos climáticos y ecológicos.
