El presidente de la FAPE avisa a los políticos de que “eludir el control de la prensa es una estafa a los ciudadanos”

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El presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, avisa a los dirigentes políticos españoles de que “eludir el control de la prensa es una estafa a los ciudadanos que necesitan saber, en profundidad y de forma transparente, las medidas que adoptan los gobiernos y que tienen repercusión sobre sus vidas”.

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Así lo defiende Rodríguez en una entrevista concedida a Europa Press, en la que subraya que “sin ninguna duda” los responsables de las distintas formaciones políticas deben someterse con más frecuencia al escrutinio y control de la prensa. “Negarse a dar explicaciones veraces a los ciudadanos es una vulneración grave de su derecho a la información”, advierte el periodista, que también añade que “perjudica al propio gobierno, porque los ciudadanos pueden llegar fácilmente a la conclusión de que la ausencia de explicaciones obedece a que se tiene la voluntad de ocultar algo”.

Rodríguez considera que el Gobierno del Partido Popular (PP) trajo consigo una época de retroceso de la libertad de expresión y de información en España y cree que “el principal retroceso” procedió de la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana que “abrió la puerta a una judicialización excesiva” de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y de información, “lo que a su vez produjo una restricción desproporcionada de la libertad de expresión”.

“Esta libertad, según reflejó el Tribunal Constitucional en una sentencia de 2006, también comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, ‘pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia o el espíritu de apertura sin los cuales no existe sociedad democrática’. No puedo estar más de acuerdo con ese pronunciamiento”, subraya.

 

VALTONYC, FARIÑA Y EL CASO CIFUENTES

En este sentido, Nemesio Rodríguez afirma que, casos como el del rapero Valtonyc, el secuestro judicial del libro “Fariña” o la imputación de dos periodistas de eldiario.es por el caso del máster de Cristina Cifuentes, “forman parte de una serie de casos que, acumulados, reflejan una regresión en la libertad de expresión”. No obstante, el presidente de FAPE indica que se trata de casos “muy distintos por lo que no se puede dar una respuesta única”.

De este modo, recuerda que, como norma general, la FAPE se ciñe a la doctrina del Tribunal Constitucional que establece “la prevalencia de la libertad de expresión sobre otros derechos cuando la información es veraz, está verificada y diligentemente contrastada y es de interés general”. “En la FAPE defendemos las opiniones libres y el derecho de crítica, aunque ésta sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige, pero al mismo tiempo somos conscientes de que el derecho a la libertad de expresión también tiene y debe tener límites cuando afecta a los derechos de los demás o conduce al delito”, recalca.

Para Rodríguez, la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida por sus detractores como “ley mordaza”- y la reforma del Código Penal han propiciado “un aumento” de las sanciones y de las denuncias, seguidas de las consiguientes multas y condenas, que “están perjudicando a la libertad de expresión e incluso confundiendo y dividiendo a los propios juristas”.

“No queremos un Código Penal que cree inseguridad jurídica y, como consecuencia, facilite la limitación de la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión debería contar con la máxima protección legal”, subraya.

Preguntado sobre si confía en que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, con los apoyos parlamentarios necesarios, pueda revertir la situación y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, responde: “Si tomamos en cuenta que el propio presidente del Gobierno dijo, en el debate de la moción de censura, que quiere derogar los artículos más regresivos de la ley, confíamos en que cumpla su palabra”.

“Es imprescindible que se acelere la tramitación parlamentaria para reformar o derogar la ley”, defiende, al tiempo que insiste en que el ejercicio profesional de los periodistas y fotorreporteros “no pueden estar supeditado a la potestad de los agentes de la ley sancionar sin una intervención judicial”.

Finalmente, Nemesio Rodríguez advierte de que perder las libertades de expresión e información supondría “la desaparición de la democracia y el paso a un régimen totalitario”. “La historia nos ha demostrado que los dictadores lo primero que anulan son las libertades de expresión y de información. La defensa de estas libertades no es solo una obligación de los periodistas, es de toda la sociedad porque sin ellas se perderían todas las demás”, concluye.