La Asociación de Periodistas de Aragón quiere mostrar su malestar y protesta por la decisión del presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Julio Arenere, de vetar la entrada de los medios de comunicación al juicio por el asesinato de una mujer a manos de su marido y el intento de asesinato de dos de sus hijos que se está celebrando la capital aragonesa. Es incomprensible que ello ocurriera en relación con una vista pública en la que sí pudieron estar presentes grupos de estudiantes universitarios y cualquier persona que quiso entrar a la sala.
La Asociación recuerda que, como recoge el Tribunal Constitucional en varias de sus sentencias, la asistencia de los representantes de los medios de comunicación social a las sesiones de un juicio público no responde a un “privilegio gracioso y discrecional”, sino que es un “derecho preferente atribuido en virtud de la función que cumplen, en aras del deber de información constitucionalmente garantizado”.
Pero, además de que una decisión como la adoptada vulnera el derecho a la información, recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, el principio de publicidad de los juicios también está garantizado por la Constitución (artículo 120.1), lo que implica que éstos sean conocidos más allá del círculo de los presentes en el mismo y tengan una proyección general que no puede materializarse más que con la asistencia de los medios de comunicación social, en cuanto que tal presencia permite adquirir la información en su misma fuente y transmitirla a quienes, por una serie de imperativos de espacio, tiempo, distancia, quehacer, etc., están en la imposibilidad de hacerlo…
Igualmente, la Constitución garantiza el derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión, sin distinción entre las diferentes modalidades (televisión, radio, prensa escrita) en lo que se refiere al contenido constitucionalmente garantizado del derecho.
Por otro lado, la Asociación ha de destacar que los profesionales de la información adscritos a la sección de Tribunales jamás han vulnerado el razonable derecho a la intimidad personal cuando se trata de juicios y casos en los que es aconsejable hacerlo así. Asimismo, todos los medios aragoneses han refrendado expresamente un protocolo de buenas prácticas relativo a la violencia de género, destinado entre otras cosas a proteger a las víctimas. No entendemos por ello la actitud del presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, radicalmente contraria a unos principios que él debería ser el primero en proteger.
