Las organizaciones profesionales muestran su preocupación ante la impunidad de las agresiones policiales contra periodistas en España

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Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP) se han unido a la preocupación de sus afiliados españoles ante la impunidad de las agresiones cometidas contra tres periodistas en 2014 por parte de agentes de la Policía mientras aquellos cubrían la detención de un compañero tras una manifestación en Madrid. Aunque el juez da por probada la agresión, se falla que el delito ya ha prescrito por el tiempo transcurrido. Además, se critica los problemas para identificar a los policías autores del caso.

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El 29 de marzo de 2014, los colaboradores de eldiario.es Gabriel Pecot, Mario Munera y Juan Ramón Robles fueron agredidos por varios antidisturbios mientras grababan la detención de un colega tras una protesta contra la monarquía, celebrada en Madrid. Los periodistas presentaron una denuncia que fue archivada y tras el recurso contra el archivo, la Audiencia Provincial finalmente resolvió que “no existen indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de periodistas presentes”. Uno de los argumentos esgrimidos fue “la falta de unas alusiones expresas a la labor de ejercicio del periodismo por parte de los golpeados“.

Ahora, el juzgado de instrucción número 46 de Madrid acaba de hacer pública la sentencia correspondiente al Juicio de Faltas celebrado el pasado 22 de febrero contra el único funcionario de la Policía identificado que concluye que, si bien queda probado que golpeó por lo menos a dos reporteros en los brazos y en la nuca, la falta de lesiones ha prescrito al trascurrir 6 meses con la causa paralizada. Desde la Comisión Legal 15M se denuncia este retraso “dado que, como bien sabía la Audiencia, las faltas de lesiones prescriben al trascurrir 6 meses con la causa paralizada. Sin embargo la Audiencia nada dijo al respecto”.

Igualmente se denuncia que solo uno de los agentes denunciados pudo ser identificado, y por tanto comparecer en el juicio, porque no mostraban la preceptiva identificacion y tampoco la Policía facilitó sus datos. La PDLI ha anunciado que emprenderá “acciones para que las identificaciones de los agentes policiales (cuya deficiencia está en el base de la inaceptaboe resolución de este caso) se ajuste a las exigencias internacionales y a las reiteradas advertencias del Defensor del Pueblo”.

La FIP y la FEP han señalado que apoyarán cualquier demanda de sus afiliados españoles (FAPE FSC-CCOO y FESP) para que las identificaciones de los agentes policiales se ajusten a las exigencias internacionales y a las reiteradas advertencias del Defensor del Pueblo en el mismo sentido. Igualmente, asumen que en este y otros casos similares, los agentes policiales no cumplieron con su obligación legal de identificarse individualmente mediante un número muy visible en su uniforme e instan a los jueces a que ponderen el hecho de que está en juego una libertad fundamental como es la libertad de información.