Confilegal ha impugnado este miércoles, formalmente, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo el ‘Procedimiento de actuación contra la desinformación’ contenida en la Orden PCM/1030/2020, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional, y ha solicitado su suspensión cautelarísima por concurrir las circunstancias de especial urgencia del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).
Dicho ‘Procedimiento’ supone una “censura previa, grosera e inadmisible, contraria al artículo 20 de la Constitución Española” y es un acto de nulo de pleno derecho por cuatro razones muy tasadas, específicas y claras, de acuerdo con el recurso de casación interpuesto ante la mencionada Sala por el despacho Durán & Durán Abogados en nombre de Confilegal.
Un ‘Procedimiento’ que no se ha elevado a Consejo de Ministros para su aprobación, como hubiera sido lo pertinente, que dice responder a las exigencias del Plan de Acción contra la desinformación aprobado por la Unión Europea en diciembre de 2018, cosa que se adapta a la realidad, que parece desconocer la existencia del Centro Nacional de Inteligencia y que adolece, en su texto, de falta de referencia alguna al principio de sometimiento al ordenamiento jurídico.
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