La FAPE rechaza una condena contra la revista CTXT

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Una jueza española ha condenado a la revista CTXT a indemnizar a un personaje público y a silenciar sus informaciones sobre el mismo tras publicar una noticia veraz, pero cuyo estilo de redacción afectaba al prestigio profesional del denunciante. La FAPE se suma a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, en su rechazo, junto al resto de sus  organizaciones afiliadas en España, a una condena abusiva que pone en peligro la libertad de información en nuestro país, y califica de censura la decisión de la jueza.

El 13 de enero, la magistrada Ana Mercedes Merino Melara aceptó parcialmente la demanda interpuesta por un conocido actor español contra la revista CTXT por una información publicada en 2016 que “vulneró el derecho al honor del demandante”.

En su auto, la jueza reconoce que la noticia es veraz, que era de interés general y que no incluía ni rumores ni invenciones. También reconoce la “debida y razonable” diligencia profesional del periodista que publicó la noticia y la veracidad de sus fuentes.

Sin embargo, la magistrada consideró que el estilo de redacción de la noticia afectaba al honor del demandante y que este derecho prevalece sobre el de la libertad de información.

Censura preventiva a la revista

De forma inaudita, la condena impone una censura preventiva a la revista, a la que prohíbe publicar cualquier tipo de información relacionada con la noticia además de borrar la publicación y todos los mensajes en redes sociales sobre la misma.

También exige el pago de una indemnización de 5.000 euros al demandante y la publicación de la sentencia en su web y en los periódicos El País y El Mundo.

La FIP rechaza que publicar una noticia veraz y elaborada según los parámetros profesionales del periodismo y publicada sin contener ofensas personales pueda suponer una violación del derecho al honor. La imposición de una censura previa supone una amenaza a la libertad de información impropia de un país democrático.

En este sentido, la FAPE considera que “no se puede limitar el derecho a informar sobre un hecho concreto consecuencia de un procedimiento judicial. Por lo tanto, cabe entender la decisión judicial como una censura a informar sobre un hecho puntual”.