Expertos valoran que la Comisión Europea deje a salvo la libertad de expresión en Internet

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) junto con la Universidad de Valencia han celebrado una jornada para analizar la ambiciosa propuesta para reformar los servicios y mercados en Internet que presentaba la Comisión Europea un día antes.

Se trataba principalmente de evaluar el posible impacto de este paquete legislativo -la Digital Service Act (DSA) y la Digital Market Act (DMA)– en la libertad de expresión en Internet.

Entre otros ponentes, participaron los juristas de la PDLI Joan Barata (de la Universidad de Standford-CIS), Lorenzo Cotino (Catedrático de Derecho Constitucional) y Carlos Sánchez Almeida (director legal de la Plataforma y abogado experto en tecnología). También intervinieron Ofelia Tejerina (presidenta de la Asociación de Internautas) y Diego Naranjo (Director de Asuntos públicos de EDRI, la organización europea de referencia en la defensa de los derechos digitales).

Todos ellos coincidieron en afirmar que uno de los principales temores respecto a estas normas había sido soslayado: ni las plataformas serán responsables de los contenidos que publican los usuarios, ni tendrán un deber general de supervisión. Esto las hubiera convertido en los censores oficiales de Internet, poniendo en peligro la libertad de expresión que ha existido en la Red en los últimos 25 años.

“La propuesta presentada hoy [en referencia al día 15] no altera los principios fundamentales que ya estaban establecidos en la Directiva de Comercio Electrónico: el principio general de exención de responsabilidad (es decir, que los intermediarios no sean responsables al distribuir contenidos de terceros, en caso de que no tengan conocimiento efectivo de que se trate de contenido ilegal), y la prohibición de imponer obligaciones generales de control y supervisión de los contenidos por parte de las plataformas”, precisó Joan Barata, jurista especialista en la materia y miembro de la PDLI.

Capacidad de las plataformas de moderar contenidoa

Los expertos también señalaron como algo positivo el hecho de que se reconozca la capacidad de las plataformas de moderar contenidos sin que ello suponga, necesariamente, responsabilidades legales para las mismas: “Lo contrario representaría una peligrosa privatización de la capacidad de determinar dónde están los límites a la libertad de expresión, es decir, qué puede expresarse o no en Internet, lo que sería peligrosísimo”, apuntaba Barata.

En esa misma línea, Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, señaló que “un deber de vigilancia 24/7 es intolerable. Con la responsabilidad directa que se trataba de imponer se daba un poder tremendo a las plataformas sobre lo que podemos o no ver”.

Además, la propuesta de la Comisión también recoge peticiones que la PDLI viene planteando en lo relativo a la moderación y retirada de contenidos por parte de las plataformas, como que se les impongan obligaciones de transparencia o la existencia de cauces sencillos y accesibles para que los usuarios puedan reclamar.