La PDLI insta a corregir las carencias sobre libertad de prensa que señala la Comisión Europea

632

La Comisión Europea acaba de publicar su primer informe sobre el Estado de Derecho en la UE. El documento también recoge las novedades pertinentes derivadas de las medidas de emergencia adoptadas por los Estados miembros a causa de la crisis del coronavirus.

El informe hace balance de la situación en los Estados en cuanto a lo que la Comisión considera los cuatro pilares principales que más inciden en el Estado de Derecho: 

  • Los sistemas judiciales nacionales
  • Las normativas en materia de lucha contra la corrupción
  • El pluralismo y la libertad de los medios de comunicación
  • Otras cuestiones relacionadas con los controles y equilibrios esenciales para un sistema eficaz de gobernanza democrática

Estado de la libertad de información en España

Sobre la situación en España, el informe apunta carencias en cuanto a la transparencia en la propiedad de los medios, tipos penales desproporcionados (menciona expresamente el caso de las injurias a la Corona) y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley Mordaza’.

“La información disponible en el Registro Mercantil [sobre medios de comunicación] es la misma que la relativa a cualquier tipo de empresa española y resulta difícil de comprender para el público en general. Ha suscitado inquietud la nueva legislación de seguridad ciudadana, que según ciertas voces restringe la libertad de información y la libertad de expresión”, se dice en el informe.

Respecto al Código Penal se señala que “las injurias o calumnias graves a determinados miembros de la Familia Real en el ejercicio de sus funciones pueden castigarse con penas de prisión”. Aunque no se detallan otros tipos penales que igualmente suponen un límite desproporcionado a la libertad de información y de opinión, sí se recoge que “las ONG han puesto en cuestión ciertos aspectos de la reforma del Código Penal de 2015”.

Publicidad y comunicación institucional

En cuanto a la contratación de publicidad y comunicación institucional se constata que está regulada por la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, y por el Real Decreto 947/2006. “El Secretario de Estado de Comunicación verifica si los planes de medios se atienen a criterios objetivos en la distribución y el peso de los distintos medios de comunicación”, sin entrar a valorar, en este primer informe, que este sistema no asegura un reparto equitativo de los fondos públicos destinados a medios de comunicación, como la PDLI viene señalando, junto con editores y académicos.

Del mismo modo, respecto a los medios públicos, el informe tampoco se detiene a denunciar los límites que persisten para garantizar su autonomía respecto al poder político y su sostenibilidad; ni tampoco se señala la precaria situación de los medios comunitarios.

Sobre la protección de los ‘whistleblowers’, la Comisión observa que España, “pese a cierta regulación sectorial, carece de un marco adecuado de protección de los alertadores”. Más severa es la Comisión en el capítulo de Transparencia, denunciando que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno “tiene dificultades en materia de recursos humanos y financieros”.

“Hace años que la PDLI viene denunciando las amenazas a la libertad de información en España. Es muy positivo que la Comisión recoja algunas de las más graves (como el Código Penal y la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana), que hemos llevado incluso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. El Gobierno y los Grupos Parlamentarios deben hacer ahora su trabajo y asegurarnos un marco legal que garantice la libertad de información y el pluralismo”, ha afirmado la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.