Expertos advierten del riesgo de la privatización de la ‘censura’ online

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La cuestión de la responsabilidad de las redes sociales por los contenidos que publican sus usuarios se situaba estos días en el primer plano del debate político internacional tras la decisión de Donald Trump de firmar una orden ejecutiva para, aparentemente, tratar de limitar la inmunidad actual de estas plataformas. La Universidad de Valencia junto con la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) organizaron un debate en el que juristas y expertos analizaron el impacto que un cambio en el estatus legal de estas plataformas tendría para la libertad de expresión en Internet.

En el ámbito europeo, la Comisión acaba de abrir el proceso de consulta pública sobre la ‘Digital Services Act’, un paquete legislativo que modificará profundamente la actual normativa sobre servicios digitales y afectará también a los contenidos que se comparten a través de redes sociales.

Además, en paralelo surgen iniciativas de las propias compañías para autorregularse, como el ‘comité de sabios’ que Facebook acaba de poner en marcha.

La PDLI considera que “la libertad de expresión en internet está en juego”

A juicio del director legal de la PDLICarlos Sánchez Almeida, considera que “está en juego la libertad de expresión en internet que hemos conocido en los últimos 25 años. Tanto el Gobierno de Estados Unidos como la Comisión Europea han planteado la revisión de la normativa que exoneraba de responsabilidad a las plataformas online por los contenidos aportados por sus usuarios”.

Por su parte, Joan Barata, jurista experto en libertad de expresión en Stanford-CIS, asesor de diversos organismos internacionales y miembro de la PDLI, advierte que “imponer a las plataformas obligaciones y responsabilidades con relación a la moderación de contenidos supone la delegación o privatización de funciones que son netamente públicas. Si son forzadas a determinar la legalidad o ilegalidad de los contenidos bajo la amenaza de sanciones legales, las plataformas actuarán de forma especialmente restrictiva afectando al derecho a la libertad de expresión”.

Barata añade que “los debates en Estados Unidos sobre la Sección 230 (que son más profundos y complejos que lo que se desprende de la Orden Ejecutiva de Donald Trump) así como el lanzamiento del proceso de revisión de la Directiva europea de comercio electrónico ponen de manifiesto una preocupante tendencia a limitar las inmunidades otorgadas a las plataformas online en los 90 y que permitieron el desarrollo de Internet”.