El Parlamento Europeo aprueba las nuevas normas sobre derechos de autor en internet entre reacciones opuestas

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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado la  nueva directiva de derechos de autor en la Unión Europea con 348 votos a favor, 274 en contra y 36 abstenciones, culminando una tramitación legislativa iniciada en 2016. Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP/EFJ) han mostrado su satisfacción por esta norma, que dispone que los periodistas deben recibir parte de los ingresos por derechos de autor obtenidos por su empresa, pero desde asociaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información se lamenta que se va a imponer un sistema de filtros automáticos que supondrá riesgos para el funcionamiento de internet y la libertad de expresión.

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El Europarlamento destaca que esta directiva facilitará a los titulares de derechos, en especial los músicos, intérpretes y guionistas, así como a los editores de noticias, la negociación de acuerdos más ventajosos de remuneración por el uso de sus obras en plataformas de internet; para ello, los operadores (YouTube, Facebook, Google…) serán directamente responsables del contenido que alojen; asimismo, los editores tendrán automáticamente el derecho de negociar en nombre de sus periodistas con los agregadores por la publicación de sus productos y todos los autores podrán reclamar una remuneración adicional al distribuidor que explota sus derechos cuando el acuerdo original les reporte unos ingresos desproporcionadamente bajos en comparación con los beneficios que obtiene el distribuidor..

Además se subraya que el texto incluye disposiciones para asegurar el respeto a la libertad de expresión en internet. Así, compartir fragmentos de artículos  queda específicamente excluido de la directiva, pero solo si son “muy breves” para evitar que los agregadores de noticias abusen de esta prerrogativa. La subida a la red de obras protegidas con objeto de citar, criticar, reseñar, caricaturizar, parodiar o imitar queda protegida, lo que garantiza que los memes y GIF seguirán disponibles y se podrán compartir en línea. La norma especifica que las contribuciones a enciclopedias en línea sin objeto comercial, como Wikipedia, o a plataformas de software de código abierto, como GitHub, quedan exentas. Las empresas emergentes, por su parte, estarán sujetas a requisitos menos estrictos que las grandes compañías.

La clave de la nueva norma es que en la actualidad, las compañías de internet no son responsables del contenido subido a la red por sus usuarios y solo están obligados a eliminar contenido que infringe la legislación de derechos de autor cuando el titular de los derechos lo solicita. Ahora, al responsabilizar a las empresas se destaca que “aumentarán las posibilidades de los titulares de derechos de asegurar acuerdos de licencia justos, obteniendo así una remuneración más justa por la explotación de sus obras en el entorno digital”.

Esta es también la visión de las asociaciones de periodistas, aunque además han pedido a la Comisión Europea y a los editores de prensa europeos que confirmen que la remuneración de los periodistas por derechos de autor es claramente distinta de su salario y que la redacción del texto aprobado, contra la que se intentó una enmienda, no se utilizará para privarles o restringir su acceso a una parte equitativa de los ingresos del nuevo derecho.

“La FIP ha luchado por un texto que garantizara a todos los periodistas de todos los Estados miembros de la UE el beneficio de los ingresos generados por su trabajo y promoviera una distribución más justa de la inmensa riqueza que generan los gigantes de internet apoderándose gratuitamente de nuestro trabajo, y no por un texto que sólo beneficie a los editores de periódicos. Ahora que la Directiva ha sido adoptada, vamos a seguir luchando para asegurar que ningún periodista se quede atrás”, ha dicho Anthony Bellanger, Secretario General de la organización.

Por su parte, Ricardo Gutiérrez, Secretario General de la FEP, ha instado a los Estados miembros de la UE “a que adopten leyes sólidas que prevean una remuneración justa y proporcionada para los periodistas así como que garanticen que la directiva no sólo beneficie a las empresas de medios de comunicación”.

La crítica desde la PDLI a la norma incide en que al hacer responsables a los operadores de los contenidos que alojen, y así enfrentarse a sanciones, como el control manual es imposible “en la práctica obliga a implantar filtros de borrado. Solo se supervisará por seres humanos si el usuario reclama. Primero censura, luego pregunta”, lo que plantea dudas de cómo los algoritmos van a detectar casos como la cita o la parodia. El temor es que los proveedores de contenidos opten por una política muy restrictiva frente al riesgo de ser denunciados, explica su director legal, Carlos Sánchez Almeida.

Tras la adopción formal del texto por el Consejo de la UE, los países tendrán 24 meses para trasladar los cambios a su legislación nacional, algo que para la PDLI también planteará problemas, ya que el el artículo 20 de la Constitución establece que solo se pueden secuestrar publicaciones por orden judicial.