Concentraciones y protestas de los periodistas para exigir respeto al secreto profesional y el derecho a la información

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La incautación judicial de los móviles y otro material informativo de dos periodistas del Diario de Mallorca y Europa Press para buscar la fuente de sus informaciones sobre el caso Cursach ha motivado una oleada de reacciones y protestas en la profesión, en respuesta a un grave ataque a la libertad de información. A los comunicados de denuncia, se han seguido concentraciones, campañas de firmas y en las redes sociales, así como la petición de que se desarrolle por ley el derecho al secreto profesional de los periodistas, recogido en la Constitución.

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Bajo el lema “Nuestro secreto profesional, tu derecho a la información”, los periodistas se han concentrado este viernes en las proximidades del Tribunal Supremo para protestar contra esta actuación judicial. La Asociación de Periodistas de las islas Baleares (APIB) y el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (SPIB) convocaron una concentración en Palma de Mallorca en la que se ha pedido a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad que respeten el derecho fundamental a la libertad de información y se ha exigido a los políticos que cumplan con el mandato constitucional de desarrollar una ley que proteja el secreto profesional de “abusos intolerables” como este.

“Es paradójico que en el mes en que celebramos los 40 años de la Constitución, tengamos que salir a la calle a defender el artículo 20 de la Carta Marga que estableció la libertad de expresión, el derecho de información y el derecho al secreto profesional, entre otros”, dijo el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, en la concentración.

A la vez, el “Manifiesto en defensa al Derecho a la Información y la Libertad de Prensa” promovido por APIB para denunciar el caso, ha superado las 1.300 firmas en menos de dos días. Para adherirse al texto, se puede mandar un correo a aperiodistasib@gmail.com, indicando  nombre completo y cargo. En las redes sociales, la protesta también ha tenido con gran difusión, con la etiqueta #ElSecretoNoSeToca y fotos de periodistas mostrando sus móviles o tapándose la boca.

Rodríguez entregó en la sede del Supremo una carta dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes,junto a la relación de las firmas hasta el momento.  En la carta, seseñala que “el daño que se ha hecho al trabajo de los periodistas es enorme”  y que “quebrantar el derecho al secreto profesional es desamparar a las fuentes y colocarlas en el punto de mira de jueces y fiscales. Un paso como éste solo puede beneficiar a quienes tratan de ocultar lo que los periodistas tratamos de destapar”.

Por su parte, los dos medios afectados han presentado una querella criminal contra el juez Miguel Florit, quien ordenó la incautación, por los presuntos delitos de “prevaricación judicial, contra la inviolabilidad de domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional del periodista, y por cualesquiera otros que se descubran durante la instrucción”. Igualmente se solicita la inmediata devolución de los materiales y que se elimine cualquier dato o copia.

La FAPE, la Federación Internacional de Periodistas, la PDLI, la Asociación de Medios de Información, la Red de Colegios de Periodistas Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas de Nueva York han denunciado el grave ataque al derecho de información; también distintos medios de comunicación, han protestado también por este suceso.