El mundo del periodismo rechaza las propuestas políticas de controlar las noticias falsas

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La propuesta gubernamental de crear una comisión para evitar la difusión de “noticias falsas”, sugerida en distintas intervenciones de ministros,  ha motivado declaraciones de total rechazo desde distintas asociaciones y colectivos. La FAPE ha divulgado un comunicado para mostrar su “total desacuerdo” por considerar que este órgano “sólo serviría para restringir y coartar la libertad de información”. También la PDLI, junto con la FESP y distintos medios, ha difundido el manifiesto “En defensa de la libertad de información” para manifestar su oposición a “los intentos de control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet con la excusa de la amenaza de las noticias falsas”.

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En su comunicado, la FAPE subraya que el único control que debe tener un periodista es su código deontológico y que en el  de la propia federación se señala que “el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad…y el compromiso con la búsqueda de la verdad llevará siempre al periodista a informar sólo sobre hechos de los cuales conozca su origen, sin falsificar documentos ni omitir informaciones esenciales, así como a no publicar material informativo falso, engañoso o deformado”. Por ello se rechaza “cualquier intento de control”, además de exigir “una mayor transparencia de los organismos públicos y de las subvenciones que se reparten entre determinados medios de comunicación”.

En la lucha contra las noticias falsas, la FAPE apuesta por la formación de la ciudadanía y recuerda que se lleva tiempo reclamando desde hace tiempo “la incorporación en el sistema educativo español de una asignatura de Periodismo y Comunicación que forme y facilite a los alumnos las herramientas necesarias para desarrollar una mayor capacidad crítica ante las noticias falsas; que les permita diferenciar los medios de comunicación de las redes sociales, la información y la opinión y valorar la importancia de la veracidad”, como ya se ha hecho en Italia.

Por último, la FAPE recuerda a los organismos públicos que son los periodistas quienes tienen la capacidad profesional de jerarquizar las noticias, confirmar su veracidad, contrastarlas y difundirlas bajo un paraguas ético y deontológico,” como garantes que somos del derecho fundamental de los ciudadanos a recibir información libre y veraz: Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo, no hay democracia”.

Por su parte, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) junto con la  Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), se denuncia que “organismos internacionales como la ONU, a través de sus relatores especiales sobre libertad de expresión, la UNESCO y la OSCE se han pronunciado reiteradamente contra el uso de la noción de seguridad nacional para establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión”.

En referencia a las propuestas lanzadas por el Gobierno, las organizaciones y medios firmantes del documento manifiestan su preocupación “porque si bien los agentes políticos no siempre son ajenos a este tipo de prácticas, precisamente algunos de ellos pretendan ahora luchar contra la desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios y la libertad de expresión, especialmente en internet. Además, con propuestas de participación dirigidas sólo a una parte, limitada, de la realidad periodística e informativa de nuestro país”.

Entre sus ideas para combatir las ‘noticias falsas’, el manifiesto reivindica “la transparencia tanto de los poderes públicos, y de quienes se financian con dinero público, como organizaciones políticas e informativas como el principal instrumento para combatir la supuesta difusión de hechos falsos”. También se invita a promover “acciones divulgativas y de formación sobre verificación de contenidos dirigidas a la ciudadanía, en particular a públicos vulnerables como los jóvenes”. Finalmente, se reitera el rechazo expreso “a las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta”.