Ana Mancho se doctora en Periodismo con una crítica tesis sobre el tratamiento en televisión de los bebés robados

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La periodista Ana Mancho ha obtenido la calificación de sobresaliente cum laude en la defensa de su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, un estudio sobre cómo han tratado las televisiones estatales e internacionales las informaciones sobre los “niños robados” en el que concluye que se ha fallado tanto en el tratamiento de las víctimas, como en explicar el origen de los hechos y en obviar las responsabilidades políticas de los mismos.

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Ana Mancho es redactora en Aragón TV y profesora asociada en el Grado de Periodismo de la Universidad de Zaragoza. Sobre el tema de los robos de bebés, la periodista ya realizó en 2011 una serie de reportajes en la cadena autonómica que merecieron un accésit en el premio de periodismo APA-Ciudad de Zaragoza. Ese año un grupo de 261 afectados presentó una demanda conjunta ante la Fiscalía General del Estado que dio lugar a un boom de informaciones, tanto en medios nacionales como internacionales, sobre la existencia de robos de menores desde los años cuarenta hasta los años 90. Apropiaciones de menores que fueron tratados por primera vez en el documental “Los niños robados del franquismo” que Montse Armengou, Ricard Belis y Ricard Vinyes hicieron para TV3, en 2002”, apostilla.

En la tesis doctoral, dirigida por la profesora Carmen Marta, Mancho ha analizado el discurso y “la ideología que está detrás” de 28 producciones audiovisuales (13 estatales y 15 extranjeras) para estudiar el papel de la televisión “como narradora y constructora de la imagen pública del fenómeno, dada la función que tiene en la formación de estereotipos y actitudes”, y por tratarse de “una de las más graves violaciones de los derechos humanos”.

Delitos de lesa humanidad

Una de las principales conclusiones de la tesis es que las producciones estatales son “en su mayoría narraciones despolitizadas que presentan los robos de menores como producto de redes de compraventa de bebés alejadas de su contexto histórico y por lo tanto del franquismo”; por el contrario, las internacionales “han puesto en el centro del discurso su origen en la dictadura y han señalado la responsabilidad del Estado para solucionar un problema que atenta contra uno de los derechos básicos contenidos en la Constitución española, el derecho a conocer la identidad personal”.

Así, se destaca como las cadenas estatales se han centrado en los casos sucedidos a partir de la década de 1960, obviando a quienes defienden que se usó el robo de niños como un medio más de castigo contra el bando republicano y por tanto se trata de un delito de lesa humanidad, que no prescribe jamás. Igualmente, en los casos tratados “ha primado” la idea de que se trataba de delitos económicos, sin mencionar la responsabilidad del Estado por no cumplir con su obligación de proteger la legalidad.

A este respecto, se señala cómo los casos nacionales estudiados han puesto el foco en los archivos de las causas, sin aportar reflexiones más profundas. “La mayoría han culpabilizado a la Justicia, pero no han citado la responsabilidad del Gobierno que, si bien no es culpable en el presente de los robos cometidos en el pasado, tiene una responsabilidad como garante de los derechos de los ciudadanos. Recordemos además que las primeras apropiaciones fueron crímenes de Estado y que, durante las décadas, sesenta, setenta y ochenta, los delitos se llevaron a cabo en centros privados, pero también en hospitales e instituciones públicas y con la supuesta connivencia de instituciones muy cercanas a los aparatos del Estado como la Asociación Española para la Protección a la adopción, una institución creada en 1967 por Gregorio Guijarro, fiscal del Tribunal Supremo, y señalada en muchas de las denuncias de los afectados”, apunta. De hecho, la propia ley de adopciones aprobada en 1987 señaló en su preámbulo que había “una falta casi absoluta de control de las actuaciones” que precedían a la adopción”, lo que “permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, denunciado en los medios de comunicación”.

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Sensacionalismo

Por otro lado, la investigación de Ana Mancho concluye que las televisiones “han puesto el foco de interés en cómo sucedieron los robos, más que en las soluciones, y por tanto en los elementos más sensacionalistas de los mismos, dejando en un segundo plano el análisis sobre las salidas a este problema”.

La crítica subraya en especial la escasa presencia de fuentes expertas frente al testimonio de los afectados “a los que no siempre se presenta de forma empoderada y con un discurso de derechos. En muchas ocasiones las producciones han utilizado la cámara oculta sin justificación, llegando al sensacionalismo y el espectáculo. De esta manera los robos de bebés se han convertido en un reclamo de audiencia”, cayendo así en el “infoentretenimiento”.

Para la nueva doctora en periodismo, los testimonios son de vital importancia, porque como señala la catedrática de lengua española en la Universidad de Nueva York, Jo Labanyi, “sirven para que la injusticia sea reconocida públicamente”, especialmente en países donde no ha habido comisiones de la verdad. Sin embargo, las narraciones audiovisuales han dado prioridad a testimonios, en los que “se habla del drama pero no de derechos”, y se ha priorizado en presentar a los afectados solo como víctimas lo que “ha llevado a una cosificación de los participantes en aras de aumentar la audiencia y a que su discurso pierda fuerza, se diluya y sea solo ruido. Esto ha contribuido a silenciarlos, y que hayan salido de las parrillas de prime time de los medios audiovisuales”.

En las conclusiones de su tesis, Ana Mancho señala su interés en continuar estudiando este asunto, señalando dos futuras líneas de investigación: cómo la representación de las víctimas “entre llantos y cámaras ocultas” ha provocado su silencio y perdido “la ocasión de echar luz sobre una parte de la historia de España que aún está por resolver”; y qué mensaje ha calado en el subconsciente colectivo de la audiencia.

Ley de Memoria democrática de Aragón

En este sentido, el Gobierno de Aragón ultima la Ley de Memoria Democrática de Aragón, en la que se señala la “responsabilidad de los poderes públicos de Aragón de amparar el derecho de los individuos a buscar la verdad de los hechos, de proteger a las víctimas (…) y de disponer de los medios suficientes para repararla”. En el anteproyecto de la ley se identifican como víctimas a los desaparecidos, los condenados por tribunales ilegítimos, los privados de libertad, los exiliados, los confinados en campos de concentración, a los que participaron en la guerrilla antifranquista, y por primera vez a “los niños y niñas recién nacidos que fueron sustraídos y/o entregados irregularmente a otras personas, así como sus progenitores y hermanos o hermanas”.