Movilizaciones al cumplirse dos años de la entrada en vigor de la Ley Mordaza

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El 1 de julio se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza por sus restricciones a los derechos de expresión e información, y pese a que el Congreso debate ahora su modificación, la fecha ha sido aprovechada por distintas organizaciones para volver a mostrar su repulsa a esta ley. Amnistía Internacional ha iniciado una campaña de firmas por su derogación y ha presentado un informe sobre sus efectos y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha llevado al Congreso su propio balance pidiendo su derogacíón íntegra.

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Amnistía Internacional presentó el jueves 29 su análisisEspaña: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira”, en el que exige la modificación urgente de esta ley “porque amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información”. En el acto, se desplegó una pancarta frente a la Comisaría General de Segurid ad Ciudadana de Madrid para denunciar la arbitrariedad de algunos agentes de policía a la hora de aplicar la norma, por parte de activistas vestidos con camisetas con el lema “All Cats Are Beautiful”, recordando uno de los casos más absurdos de denuncia que la Ley Mordaza ha motivado: Una joven fue multada (aunque luego se le retiró) por llevar un bolso con la imagen de un gato y esta inscripción porque la Policía  interpretó que usaba el acrónico ACAB “All Cops Are Bastards” , típico de grupos skin.

Por su parte, la PDLI presentó su propio balance en el Congreso de los Diputados, centrado en las actuaciones policiales contra periodistas, y que tras calificar esta ley como “censura encubierta” pide “que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de información, pilar básico de la democracia, deje de estar amenazado por actuaciones policiales de cualquier tipo”.

Por otra parte la Plataforma ha defendido que debe perseguirse la derogación íntegra de la ley “sin resucitar la Ley Corcuera” y ha señalado a los partidos que una nueva Ley de Seguridad Ciudadana sería “un instrumento jurídico innecesario porque hay una Constitución, hay una ley reguladora del derecho de reunión y hay un Código Penal y porque existe un gran riesgo en dejar en el ámbito administrativo, la gestión de Derechos Fundamentales, pues no ofrece suficientes garantías de que en la aplicación de la ley se respeten requisitos constitucionales básicos, como reiteradamente se ha puesto de manifiesto con las leyes mencionadas”.