La Asociación de la Prensa de Sevilla se opone al auto de la juez Alaya porque coarta la libertad de prensa

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La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha publicado un comunicado ante el auto de la juez Mercedes Alaya que impide a los medios de comunicación publicar imágenes de un testigo. En el texto la APS refleja su oposición a esta decisión de la juez porque coarta la libertad de prensa y hace culpable al mensajero.

Comunicado íntegro.

La titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha emitido un auto que prohíbe la publicación de imágenes del testigo Sr. Montes y amenaza a los medios de comunicación que contravengan esa orden con iniciar medidas penales por delito de desobediencia a la Justicia.

Se apoya la juez en su auto en que varias entidades han anunciado querellas contra el citado testigo por considerar que las declaraciones de éste ponen en entredicho su honorabilidad. Y que esas entidades utilizan a la prensa para presionar al testigo y conseguir influir en su ánimo para “adolecer su serenidad e infundirle temor, coartando su libertad personal de forma ostensible, lo cual podría afectar sin duda al testimonio ofrecido y a futuras declaraciones”. Por ello, se ampara en la ley orgánica de 1994 de protección de testigos para impedir la publicación de imágenes del citado testigo.

Desde el más absoluto respeto por las decisiones de la juez Mercedes Alaya, sin duda amparadas por el Derecho, la Asociación de la Prensa de Sevilla quiere hacer pública su crítica y disconformidad con esta medida porque coarta la libertad de prensa recogida en la norma de rango máximo que es la Constitución española.

El auto llega, además, cuando las imágenes del Sr. Montes llevan dos semanas en las pantallas de la televisión y en las páginas de todos los diarios, impresos y digitales. Cuando todos los datos personales del testigo (nombre, apellidos, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual y teléfono móvil particular) figuran en todos los documentos de las declaraciones testificales que la propia juez ha entregado a las partes dentro del procedimiento de diligencias previas que instruye. Y cuando las supuestas presiones, de haberlas habido, ya no tienen vuelta atrás. “Nos parece, por tanto, extemporáneo e ineficaz”.

En cualquier caso, los profesionales de la comunicación rechazamos que se nos instrumentalice tanto para ejercer supuestamente presiones sobre un testigo, como para limitar el derecho a la defensa de aquellas personas que consideren vulnerada su integridad moral por unas declaraciones testificales. En ningún caso la solución nos parece que deba ser cortarle las alas a la prensa. El mensajero no puede ser siempre el culpable.

La Asociación de la Prensa de Sevilla no puede compartir que se pretenda usar a los medios de comunicación, como ocurre con demasiada frecuencia, como arma para presionar en uno u otro sentido y recuerda a las partes incursas en este litigio que es la sociedad la única depositaria del supremo derecho a la información. Los periodistas somos el medio del que se sirve la sociedad para hacer efectivo su derecho a recibir información veraz. Es a ella a la única que nos debemos.

La APS hace un llamamiento a la moderación y pide que la batalla judicial se circunscriba a los tribunales y no se traslade a los medios de comunicación.

 

EL SPA rechaza la mordaza de la jueza.

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) rechaza la medida adoptada por la juez instructora del caso de los cursos de Formación, Mercedes Alaya, de prohibir a los medios de comunicación difundir imágenes del principal testigo. Desde el SPA, quieren recordar a la juez que la libertad de información es un principio recogido en la Constitución y rechazan, por tanto, su prohibición porque coarta significativamente ese principio.

“La mordaza que intenta imponer Alaya no sólo podría calificarse de censura sino que es absolutamente ineficaz, ya que la imagen del testigo lleva semanas en periódicos, internet y televisión”, aseguran desde el SPA. Además, el sindicato explica que la juez basa su auto en otro supuesto “falso”: que los medios son usados como instrumento de presión sobre el testigo por partidos e instituciones. “Se trata, ni más ni menos, que de informar y no hurtar a los ciudadanos detalles importantes de uno de los casos de corrupción más graves que se investigan en Andalucía”, apuntan.