Acuerdos alcanzados por la Plataforma por los Derechos de Autor de los Periodistas
La FAPE, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los Colegios de Periodistas de Andalucía y Murcia reclaman al gobierno que la nueva Ley de Propiedad Intelectual reconozca y regule nuestros derechos de autor. Los convocantes solicitan al Gobierno una mesa sectorial para estudiar un eventual plan de ayudas a los medios que busque recuperar el empleo en el sector.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP) y los Colegios de Periodistas de Andalucía y Murcia han presentado la primera experiencia común de defensa de los derechos de autor de los profesionales de la información.
Elsa González, Nemesio Rodríguez y Mariano Rivero, durante la presentación de la Plataforma. N.NAVARRETE
La Plataforma está integrada por la FAPE (a su vez conformada por 48 asociaciones federadas y 16 vinculadas que en su conjunto representan a más de 22.000 asociados), el FOP (Agrupación de Periodistas de UGT, Periodistas de CC OO, Federación de Sindicatos de Periodistas, Sindicat de la Imatge UPIFC, Col-legi de Periodistes de Catalunya, Colexio de Xornalistas de Galicia y Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión), el Colegio de Periodistas de Andalucía yel Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia.
Estas organizaciones consideran que el Anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que el Gobierno enviará próximamente al Parlamento “no reconoce ni regula adecuadamente los derechos de autor de los periodistas”, según han declarado hoy en rueda de prensa la presidenta de la FAPE, Elsa González, el vicepresidente de esta organización, Nemesio Rodríguez, y el presidente del FOP, Mariano Rivero.
La Plataforma propone un reconocimiento de los derechos de autor de los periodistas en orden a laComunicación de la Comisión Europea para un Mercado Único de la Propiedad Intelectual de 24 de mayo de 2011, que reconoce los derechos de los periodistas como “autores”de los trabajos que se publican en los medios escritos, radiofónicos o audiovisuales, y la necesidad de que los gobiernos protejan estos derechos, tanto morales como materiales.
“Los editores se amparan constantemente para cercenar estos derechos de autor en que un periódico es una obra colectiva y que por ello detentan los derechos sobre la totalidad de sus contenidos. Mientras nosotros sostenemos que una publicación periódica no es una obra colectiva, sino que se debería calificar de obra compleja en la que distintos autores perfectamente identificados insertan distintos trabajos, como puede ser una crónica, un análisis o un reportaje, además de incluir otros contenidos, ha criticado el presidente del FOP, Mariano Rivero.
“Compartimos la reclamación de los editores españoles a Google, entendiendo que la eventual remuneración que se consiga por el uso de los contenidos, sin ser excluyente tenga en cuenta también la compensación a los periodistas en reconocimiento de sus derechos de autor”, han subrayado Elsa González y Mariano Rivero, quienes han puesto como ejemplo los casos alemán y francés, particularmente el segundo por el acuerdo alcanzado entre los editores de aquel país y el indexador de contenidos.
Llamamiento
Los promotores han aprovechado la presentación de la Plataforma para hacer un llamamiento alGobierno y al Parlamento para que el Anteproyecto de Ley de Propiedad Intelectualrecoja las recomendaciones de la Comisión Europea en su comunicación de 24 de mayo de 2011, al tiempo que solicitan ser convocados como representantes de la gran mayoría delsector, para que tenga en cuenta la opinión de todos los implicados en esta materia.
Los convocantes también solicitan al Gobierno una mesa sectorial para estudiar un eventual plan de ayudas a los medios que busque recuperar el empleo en el sector.
LEC
La FAPE ha solicitado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, que retire el informe de los expertos sobre el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para la reforma de esta norma, argumentos que ha remitido al titular de Justicia en un informe elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid. La primera organización de periodistas de España ha mostrado su total desacuerdo con la reforma al entender que coarta la libertad de información.
