Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha denunciado la gran magnitud del ciberacoso que sufren las periodistas que cubren los derechos de la mujer y las violencias machistas y sexuales. Ante el auge de los ataques en Internet, son muchas las que se autocensuran por temor a represalias, lo cual supone una grave amenaza al derecho a la información.
Por ello, RSF ha propuesto 16 recomendaciones, dirigidas a las autoridades policiales y judiciales, a las plataformas digitales, a las redacciones de los medios y también a los Estados.
Aunque los temas sobre los derechos de las mujeres y las violencias de género y sexual están más presentes en los medios desde el movimiento MeToo, desencadenado en 2017 por las investigaciones periodísticas del New York Times y el New Yorker, y aunque han surgido medios especializados y se han creado redes de apoyo de mujeres periodistas, investigar sobre los derechos de las mujeres y las violencia de género y sexuales sigue siendo arriesgado.
Casi el 60 % de las periodistas entrevistadas en más de 110 países por RSF para su informe El periodismo en la era MeToo, conocen al menos un caso de una periodista que cubre estos temas y que ha sido víctima de ciberacoso. Una forma de ataque que comenta la directora general de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), es “a menudo puede pasar de la vida virtual a la vida real, afectando a su seguridad, libertad de expresión, salud mental e incluso a la de su familia”.
Esto es lo que le sucedió a la periodista nigeriana Kiki Mordi, víctima de ciberacoso tras la publicación en 2019 de una investigación sobre el acoso sexual en la educación superior en Nigeria y Ghana. Tuvo que mudarse y poner en pausa la mayoría de sus actividades periodísticas.
En septiembre pasado, la periodista de investigación del canal de televisión búlgaro NOVA TV, Marieta Nikolaeva, fue víctima de un deepfake de carácter pornográfico: una foto manipulada de ella apareciendo desnuda circulaba por Internet.
Lo mismo le sucedió a la periodista francesa Salomé Saqué: “El ciberacoso tiene un gran impacto en mi actividad. Tengo en cuenta este riesgo en mi práctica. Hay ciertos temas que me niego a tratar en determinados momentos porque no tengo la fuerza para hacerlo”, confesó a RSF.
Ante la constatación de la persistente impunidad de la violencia contra las periodistas que trabajan en el ámbito de los derechos de la mujer, – al 93 % de las encuestadas en el informe de RSF no les consta ninguna condena al autor de un ataque cometido contra un periodista que trabaja sobre cuestiones de género y violencias sexuales – RSF ha formulado varias recomendaciones dirigidas a las autoridades policiales y judiciales, a las plataformas digitales, a las redacciones de los medios y también a los Estados.
A los Estados:
- Garantizar, en nombre de la libertad de prensa y el derecho a la información, la protección de las periodistas que trabajan en temas relacionados con los derechos de las mujeres, así como de los profesionales de los medios que les asisten.
- Introducir en el derecho penal la tipificación de determinadas formas de ciberacoso como circunstancias agravantes para los autores y responsables de estos delitos cuando estos se dirijan a mujeres periodistas y a minorías de género. Para los Estados miembros de la Unión Europea, se trata de transponer la Directiva UE (2024/1385) de 14 de mayo de 2024 sobre la lucha contra la violencia contra contra las mujeres y la violencia doméstica, en particular su artículo 11, que les pide que reconozcan, en su derecho penal, que atacar a una periodista constituye un agravante en casos de ciberacoso.
- Garantizar la protección de los periodistas que trabajan sobre la violencia de género y sexual, en particular en el marco de los procedimientos de solicitud de asilo y obtención de permisos de residencia.
- Alentar a los medios, incluso mediante financiación pública, a dotarse de herramientas para evaluar el lugar que ocupan las mujeres y las minorías de género, de códigos éticos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en sus estructuras, y de herramientas de formación para sensibilizar a sus equipos sobre la paridad y la igualdad.
A las autoridades policiales y judiciales:
- Crear comités nacionales para la seguridad de estas periodistas especializadas, que incluyan a representantes de la justicia, la policía y las asociaciones de periodistas, para mantener un diálogo habitual.
- Designar, entre las fuerzas policiales, agentes de enlace encargados de recoger los testimonios de las víctimas de ataques físicos o en línea.
- Documentar, con la ayuda de las redacciones afectadas, los ataques dirigidos a periodistas que trabajan en temas relacionados con los derechos de la mujer y la violencia de género, con el fin de medir su alcance.
A las plataformas digitales:
- Sensibilizar al público en general transmitiendo gratuitamente campañas de comunicación sobre la violencia contra las periodistas especializadas en violencia de género y sexual.
- Dar prioridad a la denuncia de periodistas víctimas de ciberacoso, así como a la de organizaciones de la sociedad civil que actúen en su nombre, tan pronto como se reciba una notificación.
- Responder sin demora a las órdenes de las autoridades judiciales que investigan casos de violencia contra periodistas.
- Luchar contra las amenazas anónimas y las campañas coordinadas y repetidas de acoso por parte de las “fábricas de trolls” aplicando todas las medidas de retirada de contenidos y suspensión de cuentas prescritas por la legislación aplicable, y dedicando los medios adecuados a la moderación humana.
A las redacciones de los medios:
- Fomentar la creación de puestos de editoras de género.
- Fomentar la participación de las periodistas en redes de investigación transmedia e internacionales.
- Formar a las periodistas en materia de ciberacoso para que puedan adoptar buenos reflejos y comportamientos ante este tipo de situaciones (véase el informe Acoso en línea a periodistas: cuando los troles arremeten contra los periodistas).
- Proteger a las periodistas especializadas en estos temas, incluidos los y las fixers, y establecer mecanismos de emergencia internos para apoyarlas, así como formación en seguridad física y psicológica.
- Desarrollar mecanismos de ayuda financiera para apoyar mejor el trabajo de investigación sobre las violencias de género y sexuales, por ejemplo, en forma de becas específicas.
