Reporteros Sin Fronteras (RSF) España ha denunciado las agresiones, amenazas e intimidaciones que están sufriendo periodistas mientras cubren la situación derivada de la crisis migratoria en Ceuta y ha reclamado que se garantice su seguridad y el libre ejercicio del derecho a la información.
La organización ha secundado el comunicado difundido por el Sindicato de Periodistas de Andalucía, Ceuta y Melilla (SPA-CM), que ha condenado los episodios de violencia contra profesionales de los medios en un contexto de elevada tensión social tras la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos el pasado 30 de julio.
El veterano fotoperiodista ceutí Antonio Sempere, que ha trabajado durante décadas para medios como Agence France Presse (AFP), Getty o Die Welt, ha relatado a RSF algunos de los episodios que ha vivido durante la cobertura. Según explica, un manifestante le puso la mano encima, le insultó y le fotografió para “exponerle” en redes sociales.
También asegura que otro manifestante se colocó junto a su vehículo mientras conducía por el puerto y le increpó preguntándole si ya “había dado de comer a los Menas”, lo que, según su relato, le obligó a dar un volantazo y casi provocó que se saliera de la carretera. Sempere añade que otros compañeros han sido escupidos o golpeados por la espalda con banderas.
El SPA-CM ha advertido de que los periodistas no pueden ser señalados como responsables de aquello que están cubriendo ni que la tensión social sirva para justificar que sean increpados, amenazados o agredidos por realizar su trabajo.
El sindicato ha recordado que la libertad de información es un derecho fundamental reconocido en el artículo 20 de la Constitución y que los periodistas deben poder grabar, fotografiar, entrevistar y documentar los acontecimientos sin sufrir intimidaciones.
Asimismo, ha reclamado a los responsables institucionales y a los partidos políticos que actúen con responsabilidad y eviten discursos que señalen, estigmaticen o desacrediten a los profesionales de la información, al considerar que este tipo de mensajes puede contribuir a generar un clima de hostilidad hacia ellos.
El sindicato ha pedido además a las autoridades civiles y policiales que adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas y que cualquier amenaza, agresión o acto de intimidación sea investigado.
“Informar no es provocar. Informar es un derecho”, concluye el comunicado, que reclama que los profesionales puedan desarrollar su labor con seguridad, independencia y sin presiones.
