Reporteros Sin Fronteras ha reclamado al Gobierno español que acelere la transposición de la directiva europea contra las demandas estratégicas destinadas a intimidar a periodistas y medios de comunicación, conocidas como SLAPP, al advertir de que este tipo de procedimientos “no va a hacer más que crecer”.
La organización recuerda que los Estados miembros de la Unión Europea tenían de plazo hasta el pasado 7 de mayo para incorporar a sus legislaciones nacionales esta directiva, aprobada en abril de 2024, aunque la mayoría de países, entre ellos España, todavía no han culminado el proceso.
RSF España denuncia que periodistas y medios como elDiario.es, El Confidencial o infoLibre han sido objeto en los últimos años de demandas por supuestas vulneraciones del derecho al honor o revelación de secretos impulsadas por empresarios o responsables políticos.
Entre los casos recientes, la organización cita las acciones judiciales emprendidas por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, contra varios periodistas, así como las demandas presentadas por el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación del caso “Begoña Gómez”.
La vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, advierte de que el objetivo de estas demandas no es lograr condenas penales, sino “amedrentar y silenciar” a periodistas y medios mediante procesos largos y costosos desde el punto de vista económico, psicológico y profesional.
La organización considera que la directiva europea supone “un avance significativo” al permitir, entre otras medidas, el archivo temprano de demandas manifiestamente infundadas, exigir garantías económicas a los demandantes y facilitar sanciones por litigios abusivos.
No obstante, RSF alerta de que la normativa europea presenta limitaciones, ya que no incluye procedimientos penales como las querellas por difamación ni la mayoría de litigios de ámbito exclusivamente nacional.
La entidad también ha mostrado su preocupación por el deterioro global de la libertad de prensa reflejado en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 elaborada por RSF, que sitúa a más de la mitad de los países del mundo en una situación “difícil” o “muy grave”.
Según la organización, el aumento de los procedimientos judiciales abusivos contra periodistas se ha extendido por distintos países europeos, con ejemplos recientes en Francia, Grecia o Bulgaria, donde varios medios e informadores afrontan reclamaciones económicas por investigaciones relacionadas con corrupción, extrema derecha o escuchas ilegales.
El Gobierno español anunció el pasado abril el inicio del proceso para incorporar la directiva al ordenamiento jurídico nacional con medidas orientadas a impedir la instrumentalización de la Justicia como mecanismo de hostigamiento contra periodistas y defensores de la libertad de información.
