La PDLI traslada a Naciones Unidas la precaria situación de la libertad de expresión en España

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha promovido un informe conjunto sobre el estado de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en España que ha presentado ante Naciones Unidas en el marco del ‘Examen Periódico Universal’ (EPU) de España para su consideración en la 35a sesión del grupo de trabajo del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas, que tendrá lugar en diciembre.

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El balance que arroja el informe refleja el grave deterioro de este Derecho Fundamental en los últimos años. Entre otros hechos, se destacan los siguientes: la criminalización de expresiones y opiniones; la legislación administrativa en materia de protección de la seguridad ciudadana; las normas penales en materia de enaltecimiento del terrorismo y adoctrinamiento; y la ausencia de medidas para la protección de un entorno periodístico y de medios seguro y plural.

En cuanto a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el informe recoge las sanciones a “personas ejerciendo actividades de carácter periodístico e informativo con relación al modo de actuar de fuerzas y cuerpos de seguridad”.

Sobre la situación del periodismo y la libertad de prensa, el informe plantea que “España no dispone de un marco jurídico general que establezca protección y garantías para todos aquellos que ejercen actividades periodísticas, ya sea como actividad profesional remunerada o de cualquier otra forma”.

También se denuncia que no existe una regulación orientada a la protección de los filtradores o whistleblowers o de un marco que proteja la “existencia de medios comunitarios sin ánimo de lucro”.

Propuestas

A la luz de esta situación, la PDLI, junto con el resto de entidades firmantes del informe, piden, entre otras medidas, la adaptación de la legislación española a los estándares internacionales sobre libertad de expresión, derogando o modificando delitos como los de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y el de ofensas a los sentimientos religiosos.

En concreto, se demanda: la derogación del Código Penal de los artículos 205, 206, 492 a 494, 496, 504 y 556, 543, 524 y 525; la modificación del artículo 510 CP para limitar el discurso del odio a aquellos casos en los que concurra un peligro real e inminente de violencia resultante de la expresión con la intención del autor de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia; o la derogación de los artículos 36.23 y 37.4 de la Ley de seguridad ciudadana.

El Informe está firmado, además de por la propia Plataforma, por entidades como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Access info Europe, el Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) y grupo de investigación ‘Regulación jurídica y participación del ciudadano digital’ (de la Universidad Complutense de Madrid).