La Declaración de Cadiz pide a los poderes públicos compromiso con la transparencia

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La Red de Consejos y Comisionados de Transparencia, formada por los distintos órganos de garantía de la transparencia en España, ha aprobado en el III Congreso Internacional de Transparencia, la Declaración de Cádiz, en el que, entre otras demandas, se pide  a los poderes públicos un “apoyo explícito” a su labor y un “compromiso decidido en la implantación y éxito de la nueva cultura de la transparencia”.

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El preámbulo del texto aprobado destaca que la la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y las distintas leyes autonómicas que la completan “han sentado las bases de un nuevo modelo de gobernanza pública”, pero que para ser efectiva requiere medios mayores. Igualmente se pide “una reforma que ahonde, profundice y mejore las garantías en el derecho de acceso y la transparencia activa”.

La Declaración señala como reformas necesarias: consagrar el derecho de acceso como un derecho fundamental, la dotación de medios humanos y económicos suficientes para los órganos de garantía, el desarrollo efectivo de la potestad sancionadora, la mejora del procedimiento de acceso para hacerlo más sencillo y eficaz, mejorar la concreción de los límites de acceso y las causas de inadmisión, unificar en la medida de lo posible los regímenes de acceso y desarrollar una gestión documental y de archivos moderna que sirva como vehículo de todos estos cambios.

La declaración conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, que se celebra el 28 de septiembre, y ha sido suscrita por 30 entidades de la sociedad civil, con varios representantes del mundo del periodismo: La Asociación de la Prensa de Madrid, la Federación Española de Sindicatos de Periodistas, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Reporteros Sin Fronteras y la Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental; así como por las distintas autoridades públicas de control, entre ellas la de Aragón.