La FIP repudia las agresiones a una periodista de Telesur en Guatemala

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La periodista y corresponsal de Telesur Rolanda de Jesús García Hernández fue agredida física, sexual y emocionalmente tras ser retenida de forma ilegal por personal de la empresa hidroeléctrica OXEC, en Alta Verapaz (Guatemala), el 21 de agosto. La Federación Internacional de Periodistas (FIP), organización que representa a más de 600.000 trabajadores en el mundo, repudia este grave ataque a la libertad de expresión e insta a las autoridades a iniciar una investigación seria que juzgue a los responsables.

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Rolanda de Jesús García Hernández se encontraba realizando una investigación sobre la difícil situación en la que se encuentran las comunidades Q’eqchi’ a raíz del desbordamiento del río Cahabón y demás afectaciones que sufren por megaproyectos.

La periodista, quien estaba acompañada por una comitiva de autoridades comunitarias de la comunidad maya Q’eqchi’ de Sactá, denunció en sus redes sociales que algunos de sus agresores la amenazaron: “Si no accedía a sus demandas ellos podrían violarme y tirarme en el río”.

La empresa se ha desligado de los hechos y afirmó, mediante un comunicado, que “condena todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa”. Diferentes colegas de la periodista agredida y organizaciones de la sociedad civil de Guatemala emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por el riesgo que corren quienes hacen periodismo a nivel comunitario y que documentan el impacto de la industria extractiva, monocultivos y de los poderes paralelos en la vida comunitaria.

Asimismo, se refirieron a la grave situación que atraviesa la labor periodística, que está siendo criminalizada y perseguida. Tal como apuntan las organizaciones guatemaltecas, en los últimos dos años un total de 32 periodistas han sido asesinados, dos periodistas comunitarios han estado en la cárcel de forma arbitraria y uno periodista tiene orden de aprehensión.

La FIP repudia este grave ataque contra la labor periodística y la libertad de expresión. Asimismo, exige a las autoridades guatemaltecas iniciar una investigación seria que determine las responsables de este accionar, así como también la puesta en marcha de un protocolo de seguridad para periodistas. “No puede haber libertad de prensa si la vida de las colegas es amenazada o corre peligro”, concluye el comunicado.