La Plataforma de profesores periodistas lleva sus reclamaciones a la Conferencia Sectorial de Educación

53

Ante la próxima celebración de la Conferencia Sectorial entre los responsables de educación del Gobierno y las Comunidades Autónomas, la plataforma de profesores periodistas ha enviado un escrito  a los responsables autonómicos y al director general de Evaluación y Cooperación Territorial presentando sus principales puntos de reivindicación para resolver el problema creado con la reciente prohibición de que los titulados en Periodismo puedan ejercer como profesores en Secundaria.

La aplicación del Real Decreto 665/2015 impide a los titulados en Periodismo , a pesar de haber realizado el Máster Universitario de Profesorado (MAES) o el anterior Curso de Capacitación Pedagógica (CAP), impartir clases de Lengua y Literatura o Lengua Extranjera en Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, lo que ha llevado al paro a periodistas que ejercían este trabajo y ha dejado en una anómala situación a quienes están cursando el MAES, ya que se les permitió inscribirse en un curso que luego no les da salida.

El escrito, remitido a Marco Aurelio Rando, director general de Evaluación y Cooperación Territorial, y a los consejeros y directores generales de Educación de las comunidades autónomas, pide que se considere, de cara a la Conferencia Sectorial, incluir los siguientes criterios  como los necesarios para la habilitación definitiva de los licenciados o graduados en Periodismo y Comunicación Audiovisual (más adelante en la rama de Comunicación) como profesores de ESO y Bachillerato en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras:

– Que el Máster de Formación del Profesorado (MAES/MFP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras al que tuvieron acceso y admisión los licenciados o graduados en la rama de Comunicación, tenga carácter habilitante.

-Que el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) habilite/capacite de forma definitiva, mediante la aplicación de la  Directiva 2005/36/CE, a los licenciados o graduados en la rama de Comunicación para el ejercicio de la docencia en centros docentes privados o concertados en las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura y Lenguas Extranjeras con el respectivo certificado de idiomas, así como para poder optar a las bolsas extraordinarias de las especialidades mencionadas anteriormente. Para ello, se instará a las comunidades autónomas a que, en el ejercicio de sus competencias, modifiquen los decretos autonómicos que rigen dichas bolsas para poder dar acceso a los habilitados.

– Que las comunidades autónomas reconozcan el tiempo de servicio de los licenciados o graduados en la rama de Comunicación que trabajaron en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 860/2010 hasta la actualización del mismo en el RD 665/2015 o a posteriori, tal y como ha ocurrido en comunidades autónomas como Andalucía, Madrid, Asturias o Cataluña.

– Que el MECD aplique la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 860/2010, vigente en el Real Decreto 665/2015 (prórroga de la actividad docente) en términos no restrictivos, habilitantes y con carácter extensivo para todos aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que, desde 2010 hasta hoy, se encuentran trabajando en centros privados o concertados en las materias anteriormente indicadas con el visto bueno de la Inspección General y las comunidades autónomas.

– Que aquellos licenciados o graduados en la rama de Comunicación que obtuvieran el extinto Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) en las especialidades de Lengua Castellana y Literatura o Lenguas Extranjeras antes del curso 2009/2010, tengan el mismo tratamiento que los estudiantes del Máster de Formación del Profesorado (MFP/MAES) ofrecido por las universidades españolas.

– Que el MECD informe a las comunidades autónomas, delegaciones territoriales de Educación y patronales de centros concertados y privados sobre las instrucciones del proceso de obtención de la certificación mediante la Directiva 2005/36/CE y así se unifiquen los criterios en todo el territorio.

Desde la Plataforma, que cuenta con el apoyo de la FAPE, han mantenido encuentros con los principales grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, así como de parlamentos autonómicos y ya hay iniciativas parlamentarias en marcha, aunque ahora consideran conveniente que sea la próxima Conferencia  Sectorial de Educación la que adopte una posición en cuanto al decreto vigente.