Los sindicatos de periodistas critican las declaraciones de Fiscalía y Gobierno contra la difusión de sumarios

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La Junta Ejecutiva de la Federación Española de Sindicatos de Periodistas (FESP) ha difundido el comunicado “Más amenazas contra la libertad de información”,en el que expresa su preocupación ante las sugerencias de estudiar medidas contra la difusión de noticias de sumarios declarados secretos, y pide protección para quienes las filtran a los medios. La FESP responde así a las declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, por el fiscal Anticorrupción y por el ministro portavoz del Gobierno.

Miguel Moix
Miguel Moix

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Miguel Moix, se ha mostrado partidario de estudiar medidas para evitar que se publiquen informaciones de sumarios judiciales declarados secretos y ha dicho, como ejemplo, que en Alemania se castiga a esos medios. El fiscal general, José Manuel Maza, ha pedido al Congreso de los Diputados que le den “herramientas legales” para combatir esas filtraciones. El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha reclamado a los medios “mesura y cierta cautela” en esos casos.

La FESP señala que pese a que se alegue que el objetivo es no perjudicar las investigaciones judiciales “es muy preocupante que desde que desde el Gobierno y desde la cúpula del Ministerio Fiscal se planteen la posibilidad de estudiar medidas que limitarían claramente la libertad de expresión e información” y replica así en su manifiesto: 

– Que los periodistas y los medios de comunicación tienen la obligación de difundir esas informaciones, si cumplen con los criterios de veracidad exigibles y son de relevancia e interés general.

– Que cualquier medida que pudiera adoptarse para evitar o controlar la difusión de esas noticias vulneraría derechos fundamentales de la ciudadanía y de los profesionales de la información.

– Que si las Cortes Generales aprueban alguna norma legal que limite el derecho a la información se estarán incumpliendo tratados internacionales que ha suscrito España.

– Que los periodistas y los medios de comunicación no son los responsables de las filtraciones que puedan producirse desde cualquier departamento de la Administración Pública, como han sentenciado reiteradamente los tribunales.

En los países de la Unión Europea no solo no está prohibida la publicación de noticias interés general que llegan a los medios de comunicación de manera anónima, tanto referidas a la Administración Pública como a empresas estratégicas o a otras instancias, sino que esa práctica se considera una herramienta eficaz contra la corrupción. Por ese motivo, numerosas asociaciones, sindicatos de periodistas y colectivos y organismos coinciden en la necesidad de proteger legalmente a quien filtra informaciones de interés para denunciar prácticas ilegales o hechos delictivos.

Hay que recordar que el artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda a los Estados “incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.