El Gobierno anula la sanción impuesta al fotógrafo Axier López en aplicación de la “Ley Mordaza”

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El Gobierno, a través de su delegado en la Comunidad Autónoma Vasca, ha decido cancelar la multa al fotógrafo del semanario vasco Argia Axier López, primer periodista condenado en aplicación de la “Ley Mordaza” y, en consecuencia, suspender el juicio previsto para el próximo 13 de marzo en Vitoria, por el recurso presentado por el medio. El Ejecutivo cambia así su postura, ya que esta sanción se mantuvo incluso después de que la Defensora del Pueblo la considerara inconstitucional.

Axier López
Axier López

La sanción de 601 euros le fue interpuesta a Axier López el 3 de marzo de 2016, por publicar en su cuenta de Twitter “sin permiso” imágenes de la detención de unos participantes en una protesta (luego absueltos), en las que, según la sentencia, basaba en el artículo 36.23 de la Ley de Seguridad Ciudadana, se podía identificar a los policías que la practicaban.

Desde entonces, a lo largo de todo un año, el Gobierno ha defendido el castigo y ha justificado la aplicación de la “Ley Mordaza” pese a las protestas de las organizaciones de periodistas de todo el país, entre ellas la FAPE,  de diversos agentes internacionales en defensa la libertad de expresión y de prensa y de la propia Defensora del Pueblo, entre otros muchos. Ahora, a falta de pocos días para el juicio, el Gobierno ha dado marcha atrás, argumentando defectos de forma en la sanción al considerar que no estaba debidamente argumentada, según informa Argia.

Entre los artículos de la “Ley Mordaza”, el 36.23 es uno de los que más oposición ha suscitado, ya que permite sanciones de entre 601 y 30.000 euros por difundir imágenes o datos personales o profesionales de agentes de Policía, siempre que con ello “se ponga en riesgo la seguridad del agente o sus familiares”. La potestad para valorar si los datos difundidos son adecuados y para, posteriormente,  sancionar o no hacerlo es exclusiva de la Policía.

La FAPE ha expuesto, en reiteradas ocasiones,  su disconformidad con la actual Ley de Seguridad Ciudadana, a la que ha calificado de “ataque directo al derecho de información y, por tanto, a la labor que desarrollamos los profesionales de los medios de comunicación”. Asimismo, la Federación  siempre ha señalado que los periodistas “ya contamos con medidas de autorregulación, a través de nuestras normas y códigos deontológico”.