El Colegio de Periodistas de Andalucía arranca la campaña “Compromiso público por el empleo y la profesión periodística”

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La asamblea general del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía aprobó por unanimidad el pasado noviembre el Acuerdo de Compromiso Público por el Empleo y la Profesión Periodística. en el que se reclaman a las administraciones autonómicas y locales tres reivindicaciones clave en la dotación y contratación de sus gabinetes de comunicación. Como también se aprobó en la misma asamblea, el colegio ha iniciado ahora una campaña de promoción, para que el documento sea asumido por las distintas instituciones públicas.

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Según destaca el documento, esta iniciativa tiene como objetivo no sólo que las administraciones tomen conciencia del papel fundamental que juegan los profesionales de la comunicación en el gobierno de la cosa pública tal y como se recoge en el espíritu del documento, sino que se den los pasos necesarios para:

1. La creación y dotación de puestos de estructura claramente definidos para el desarrollo de las funciones propias del periodismo en el ámbito de la comunicación social e institucional;

2. que para realizar estas funciones sea criterio de selección y acceso al puesto estar en posesión del título universitario correspondiente en periodismo, comunicación audiovisual o equivalente;

3. que las administraciones apliquen los mismos principios en la contratación a terceros de estos servicios cuando se opte por la externalización de estas actividades.

La decana del colegio, Eva Navarrete, ha trasladado a los colegiados que con esta iniciativa “pretendemos animar a las administraciones, en todas las provincias andaluzas y en todos los niveles de organización tanto local como provincial y autonómico, a asumir este compromiso con el periodismo dando ejemplo al resto de la sociedad”. Además, el Colegio quiere con ello poner en valor la figura del periodista y que se tome conciencia de la necesidad de contar con estos perfiles en el ámbito de las administraciones públicas para desarrollar tareas fundamentales para las relaciones entre la ciudadanía y la administración, especialmente en el marco de la ley de transparencia.