La PDLI denuncia ante la Defensora del Pueblo las multas a periodistas por la Ley Mordaza

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha denunciado ante la Defensora del Pueblo las sanciones que se están imponiendo, en aplicación de la llamada “Ley Mordaza”, a periodistas realizando labores informativas y cuyo último caso conocido ha sido el de la reportera Mercè Alcocer, multada con 600 euros por “desobediencia a unos agentes de la autoridad” mientras cubría el caso Pujol ante la Audiencia Nacional el pasado 20 de febrero.

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La Delegación del Gobierno en Madrid atribuye a la periodista una “infracción grave de desobediencia a la autoridad”. Mercè Alcocer ha denunciado que “los agentes entorpecieron en todo momento la tarea informadora de los periodistas con un celo excesivo”, impidiendo a los medios “acceder a los abogados y al fiscal, dentro y fuera de las dependencias judiciales”. Este caso viene a sumarse a otras dos sanciones previas: Axier Lopez, del medio vasco Argia, por publicar en su cuenta Twitter la foto de una operación policial “sin autorización” el pasado tres de marzo; y la de un reportero gráfico del Diario de Burgos por “resistencia a la autoridad” al negarse a borrar las fotografías de un accidente laboral en el que resultó muerto un trabajador de 24 años.

La PDLI, que durante la tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ya vino advirtiendo de sus consecuencias para la libertad de información, no ha dejado de exigir su derogación desde que entró en vigor el 1 de julio del año pasado, por entender que atenta gravemente a uno de los pilares de la democracia como es la capacidad de los medios de informar sin  cortapisas. Mientras se logra esta derogación (a la que ya se han comprometido la mayoría de los grupos parlamentarios), la Plataforma considera urgente que la Defensora del Pueblo, en cumplimiento de su facultad de formular sugerencias a los poderes públicos, dicte criterios de aplicación de esta norma, para que deje de ser usada arbitrariamente contra los periodistas.

La PDLI ha advertido en numerosas ocasiones del doble peligro de la Ley Mordaza para la libertad de información: su redacción ambigua dejando un amplio margen de interpretación a las autoridades de Interior para su aplicación discrecional; y la ausencia de una figura judicial que pondere una eventual colisión de derechos, como correspondería con un derecho fundamental como es la libertad de información. Por ello, y en atención a sus competencias, la PDLI insta a la Defensora en su denuncia a que, con la mayor urgencia, dicte recomendaciones de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar nuevas vulneraciones del derecho de los ciudadanos a estar informados.

Esta petición ya se transmitió  hace un año a Soledad Becerril durante el encuentro que mantuvo con este Organismo dentro de la ronda de reuniones de la misión internacional que visitó nuestro país para evaluar el estado de la libertad de información. De hecho, en su informe anual presentado recientemente ante las Cortes, la Defensora anticipó que entre sus propósitos se encontraba el desarrollo de estas recomendaciones. En esta línea, el pasado  abril ya dictó una recomendación  al Ministerio del Interior en la que concluía que la publicación de imágenes de funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones” no vulnera su derecho a la propia imagen, aunque el Ministerio aún no ha contestado, como es preceptivo.