La Asociación de la Prensa de Madrid rechaza que el Consejo General del Poder Judicial pueda silenciar a los medios

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La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) rechaza la norma del anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenar a un medio de comunicación que deje de informar sobre el trabajo de un magistrado que considere perturbado su sosiego y ecuanimidad.

El anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros, faculta al CGPJ a ordenar a “quien perturbe o inquiete” a los jueces “el inmediato cese en dicha conducta”. “La continuación o reiteración de tal comportamiento tras recibir la orden de cese será constitutiva de delito contra la Administración de Justicia previsto y penado en el apartado 1 del artículo 464 del Código Penal”, señala el anteproyecto.

Este apartado dice literalmente así: “El que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses”.

La APM considera que la mencionada norma atenta claramente contra los derechos a la libertad de expresión y a la información consagrados en la Constitución y pilares del sistema democrático.

La APM subraya que no puede limitarse el derecho constitucional a la información veraz y de interés público, sea cual sea la misma.

Los medios y los periodistas tienen derecho a dar a conocer al público cualquier información veraz y de interés de la que tengan conocimiento.

No se puede exigir a ningún medio que deje de publicar lo que conoce siempre que haya comprobado bien sus fuentes, aunque ello sea causa de que un magistrado considere perturbado su sosiego y ecuanimidad.

La APM alerta de que, si esta norma es aprobada y convertida en Ley, toda opinión sobre la actuación de un juez puede llegar a ser estimada por el CGPJ como un ataque a la independencia del magistrado, un ataque que puede tener consecuencias penales para los periodistas por el mero hecho de realizar su trabajo.

El Gobierno parece empeñado en promover y aprobar leyes con normas que limitan los derechos a la libertad de expresión y a la información, como la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Seguridad Ciudadana o la prevista Ley de Enjuiciamiento Criminal, olvidando que solo a través de una información libre y veraz se garantiza la existencia de una opinión libre, condición absolutamente necesaria para el correcto funcionamiento del sistema