Informadores y opositores investigados por la Interpol

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Fuente: FESP e IPS Noticias

Las policías de algunos países incluyen, sin control, en las alertas de Interpol a periodistas desafectos de sus gobiernos y defensores de los Derechos Humanos para provocar su detención.

La agencia de noticias Inter Press Service (IPS) publica que una investigación propia revela que “algunos gobiernos utilizan a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para perseguir a sus opositores y a activistas y defensores de derechos humanos.”

El informe de IPS explica que “Una notificación roja (de Interpol) no es una orden de detención. Cada gobierno decide cómo actuar frente a esta alerta y muchos consideran que tiene suficiente base legal como para proceder al arresto. Los alertas de ‘personas buscadas’ de Interpol pueden tener muchos efectos devastadores”, advirtió Alex Mik, de la organización Fair Trials International, en entrevista con IPS.”

Señala Milk que “al activista y periodista ruso Petr Silaev lo detuvieron en un hostal para jóvenes. Tras una notificación roja, estuvo cinco horas esposado en un vehículo policial y una semana en la cárcel a solicitud de un investigador de Moscú”.

El informe aporta que “La organización Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación analizó todas las notificaciones rojas que había en el sitio de Interpol el 10 de diciembre de 2010. Más de 2.200 de las 7.622 notificaciones rojas eran de países donde no se respetan las libertades civiles ni los derechos políticos, según la organización Freedom House. (…)

Hasta 2008, las agencias de policía tenían que solicitar directamente a Interpol una notificación roja. En la actualidad, para ahorrar tiempo y dinero, ellas mismas ingresan cada solicitud al sistema. Las fuerzas de seguridad de todo el mundo las ven antes de que la propia Interpol las revise.

En febrero de 2013, la organización Reporteros Sin Fronteras pidió que se retirara la notificación roja para el periodista francés Daniel Lainé, que le impedía trabajar fuera de su país. La organización alegó que el hecho “tenía todas las características de un caso fabricado, con cargos basados en evidencia escrita de alguien que nunca compareció ante un tribunal”.