Los profesionales de los medios de comunicación se han colocado, en los últimos meses, en el punto de mira de las fuerzas de seguridad españolas por su cobertura de manifestaciones, movilizaciones, desahucios, escraches y otras protestas crecientes en la crisis socioeconómica que atraviesa España.
Los periodistas gráficos, los profesionales más expuestos en estas coberturas, denuncian actuaciones abusivas de la Policía que los relega a posiciones de baja visibilidad para la toma de imágenes haciendo una interpretación arbitraria de la ley de seguridad ciudadana.
Rechaza sus credenciales oficiales y les exige chaleco identificativo para trabajar cuando este no es obligatorio, según el convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y las organizaciones profesionales; carga contra ellos en manifestaciones y protestas y les acusa falsamente de desacato y atentado a la autoridad, de lo que derivan multas y procesos judiciales que estigmatizan su función de servicio público.
Los fotoperiodistas que realizan su trabajo en la calle hacen diferencias graduales entre acontecimientos: “Cubrimos sin mayor problema altercados tras partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, mientras que sufrimos acoso policial cuando informamos sobre movilizaciones sociales, haciéndose muy difícil trabajar en escraches y desahucios sin recibir palos y/o multas”, explica un fotoperiodista que prefiere mantener su anonimato.
Este clima de hostigamiento que denuncian tuvo su último episodio en la detención, y posterior puesta en libertad con cargos, el 23 de mayo pasado, de los fotoperiodistas Raúl Capín (Diario Digital Independiente y Mundo Obrero) y Adolfo Luján (freelance para varias agencias extranjeras), ambos acusados de atentado contra la autoridad un día después de ser requeridos en sus domicilios. Una puesta en escena que los afectados y sus compañeros de gremio consideran fuera de lugar y califican de “exagerada”. Capín y Luján fueron identificados por agentes de policía el 25 de abril, durante la acción de Rodea el Congreso, y el 23 de febrero, en el escrache al domicilio del presidente del Congreso Jesús Posada, respectivamente, pero no informados de que pesaran cargos sobre ellos. Tampoco recibieron notificación alguna de los juzgados madrileños.
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Foto: 233 grados
