La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha reclamado este lunes a los gobiernos de todo el mundo una legislación “sólida” y una aplicación efectiva de las normas de acceso a la información pública para garantizar el derecho de los periodistas y de la ciudadanía a obtener datos de interés público.
Con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, la organización ha advertido de que el reconocimiento legal de este derecho no garantiza por sí solo su ejercicio y ha señalado como principales obstáculos los retrasos, las denegaciones, las restricciones y las barreras administrativas a las solicitudes dirigidas a las autoridades públicas.
El acceso a la información está reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación”. Según la UNESCO, más de 139 países han aprobado garantías constitucionales o legales para el acceso público a la información, aunque su informe de 2025 identifica deficiencias en la aplicación de estas normas, lagunas legales y obstáculos administrativos.
La FIP señala que estas dificultades se reproducen en distintas regiones. En Europa, el informe de 2025 del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación recoge problemas como solicitudes sin respuesta o retrasadas, divulgaciones parciales, excepciones de confidencialidad y largos procedimientos de recurso. La organización cita también el caso de Luxemburgo, cuya nueva legislación reconoce el derecho de los periodistas a acceder a información pública, aunque no establece un plazo máximo para responder a las solicitudes.
En América Latina y el Caribe, la FIP apunta a la resistencia institucional y a los riesgos para los periodistas que solicitan documentos públicos, mientras que en Canadá identifica retrasos y carencias en los mecanismos para garantizar que las administraciones documenten y divulguen información.
La organización también destaca las dificultades de aplicación en África y Asia-Pacífico. En Senegal, una ley aprobada en 2025 reconoce el acceso a la información en poder de instituciones públicas y entidades privadas que desempeñan funciones públicas, mientras que en Corea del Sur la Asociación de Periodistas de Corea ha advertido de las dificultades prácticas para obtener información pese a una elevada tasa oficial de divulgación.
En Oriente Próximo, la FIP pone como ejemplo Túnez, donde las autoridades cerraron en agosto de 2025 la sede del organismo independiente encargado de garantizar el acceso a la información, según recoge su comunicado.
Ante esta situación, la FIP reclama tres garantías: plazos claros y exigibles para responder a las solicitudes, órganos independientes de supervisión con capacidad para revisar denegaciones y ordenar divulgaciones, y una política de publicación proactiva y conservación adecuada de los registros públicos, incluidos los digitales.
“El acceso a la información no es un privilegio concedido por las autoridades públicas. Es un derecho fundamental y una condición indispensable para el periodismo independiente y la rendición de cuentas democrática”, ha afirmado el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger.
