Reporteros Sin Fronteros (RSF) ha advertido que, a pesar de que el 8 de agosto entra en vigor la plena aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA), a nivel nacional se ha retrasado debido a la falta de voluntad política por parte de los Estados miembros.
Por ello, desde RSF han solicitado a las autoridades nacionales y europeas que adopten medidas rápidas y proactivas para garantizar la aplicación efectiva de los derechos, principios y libertades que la EMFA pretende proteger.
Además, han recordado que su adoptación fue recibida con entusiasmo por las instituciones europeas, ya que el texto representa un importante avance para el derecho a una información veraz e independiente y una clara señal de que la Unión Europea (UE) está del lado del periodismo libre, independiente y plural.
La EMFA es un reglamento, no una directiva, lo que significa que es jurídicamente vinculante para los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional (el proceso de incorporación de las directivas de la UE al Derecho nacional). Sin embargo, para que esta legislación se aplique plenamente, muchas disposiciones esenciales —como el artículo 4 sobre la protección de las fuentes y el artículo 5 sobre la independencia de los medios de comunicación de servicio público— requieren amplias actualizaciones de las legislaciones nacionales para adaptarlas a los estándares establecidos por la normativa europea.
El director general de RSF, Thibaut Bruttin, ha señalado que esta oportunidad se ve empañada por la “inacción” pese a haber contado con más de un año para su aplicación. “Este retraso revela una preocupante falta de revisión crítica de sus marcos normativos. Aunque la EMFA está concebida para responder a los ataques sistemáticos contra el periodismo en determinados países, su cumplimiento debe ser evaluado y garantizado en toda la Unión”, ha valorado.
Al mismo tiempo, ha agregado que es “momento de actuar” y que la Comisión Europea debe exigir responsabilidades a los gobiernos que bloquean o demoran su aplicación. Además, en el caso de que fuera necesario, ha apostado por recurrir a procedimientos formales contra quienes incumplen sus obligaciones.
En algunos países, ni siquiera consta que se estén desarrollando proyectos de ley, y la aplicación de la EMFA no ha ido más allá de los anuncios del Gobierno, lo que hace temer que, en el mejor de los casos, la normativa se aplique con retraso y, en el peor, se aplique sólo parcialmente.
En Alemania, en mayo se anunció un proyecto de tratado sobre los medios digitales, jurídicamente vinculante en todo el país, para ayudar a aplicar algunas disposiciones de la EMFA, pero la complejidad del proceso que conduce a su adopción ha provocado el estancamiento de la iniciativa. En Francia, el proyecto de ley para introducir los cambios legislativos exigidos por la EMFA no se presentará al Parlamento hasta el próximo otoño, como muy pronto.
En España, el Gobierno presentó el año pasado un amplio abanico de medidas adaptadas al reglamento, algunas de las cuales se han ido desarrollado (como el proyecto de ley de secreto profesional, la normativa sobre derecho de rectificación o el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación), aunque otras tendrán mayores dificultades para salir adelante porque requieren mayorías parlamentarias difíciles en el momento político actual.
El refuerzo de las garantías legales para los periodistas es una urgencia en numerosos países de la UE. Muchos están bajo vigilancia debido a la falta de leyes nacionales que les protejan, y se está buscando o persiguiendo a sus fuentes. Los medios independientes se ven sometidos a fuertes presiones ante la ausencia de garantías que protejan la independencia de su personal editorial, y las decisiones políticas están socavando el pluralismo de los medios.
A esto se suma la creciente politización de los procesos de nombramiento en los medios públicos, contraviniendo las exigencias de independencia establecidas en la EMFA. El caso de Eslovaquia es particularmente representativo de esta problemática.
Frente a este escenario, desde RSF han considerado que la Comisión Europea debe adoptar una postura “firme”. Si persiste el retraso en la aplicación efectiva de la EMFA a nivel nacional, debe considerar la apertura de procedimientos de infracción conforme al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
“La falta de cumplimiento no solo socava la eficacia del reglamento, sino que también pone en entredicho la credibilidad del compromiso europeo con la libertad de prensa y el Estado de derecho. La aplicación de este reglamento debe ser una piedra angular del futuro «escudo democrático» que la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ha anunciado para los próximos meses”, han concluido desde RSF.
