España ha escalado posiciones en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y ha alcanzado el mejor resultado de su historia, al pasar del puesto 30º al 23º de los 180 países y territorios analizados y situarse entre el 15% de los países del mundo con mejores condiciones para el ejercicio del periodismo.
Este avance no sólo se debe a un mejor desempeño respecto al año pasado en varios de los cinco indicadores que conforman la Clasificación de RSF, sino al grave deterioro que sufre la libertad de prensa en todo el mundo desde hace años y que, en 2025, coloca, por primera vez, a la mayoría de países del planeta en una situación “difícil”.

El ranking de RSF se ha elaborado con datos cualitativos y cuantitativos del año anterior, en este caso, de 2024. La mejora del indicador del clima político, que ha subido 3,5 puntos y ha ascendido cinco puestos (del 31º al 26º) se explica por la menor tensión que experimentaron los profesionales de la información el año pasado, respecto a 2023, un año con tres citas electorales y numerosas manifestaciones, dos factores de alto riesgo para la libertad de información (presiones, polarización, agresiones, acoso presencial y virtual, etc). Precisamente la menor cobertura de manifestaciones y de eventos políticos potencialmente tensos han explicado, además, el avance del indicador que mide la seguridad de los periodistas, que ha ascendido 1,4 puntos y ha impulsado una subida del puesto 33º al 28º en este apartado.
Menos escandalosas que las agresiones a las reporteras y reporteros, que este año bajan en España, las presiones legales y judiciales siguen siendo una vulneración al alza en nuestro país. Las demandas abusivas contra periodistas, conocidas como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) son una herramienta de intimidación y presión insidiosa, que el ámbito político y judicial suele aplicar, sirviéndose de los delitos contra el honor y la revelación de secretos para silenciar al periodismo.
Por otra parte, el indicador sociocultural –que ha escalado del puesto 30º al 20º– ha situado al país entre los veinte mejores del mundo para ejercer el periodismo, por las escasas presiones de género, etnia, clase o religión que suelen sufrir los periodistas en España y por la práctica ausencia de temas tabú en las coberturas. La apertura de la sociedad española a la igualdad y la no discriminación de las minorías ha destacado respecto a las graves presiones que sufren numerosos países del mundo.
Precariedad cronificada y reformas aplazadas
En su análisis global, este año RSF ha revelado cómo el deterioro económico de los medios está erosionando la libertad de prensa en todo el mundo y cómo al auge de las plataformas digitales, la concentración del sector, la precariedad laboral o la discrecionalidad y opacidad de la publicidad institucional son factores que amenazan la sostenibilidad del periodismo. El indicador económico ha lastrado tradicionalmente la posición de España en la Clasificación Mundial y éste año no es menos. Aunque sube algo más de un punto –especialmente por el abrupto descenso de otros países– sigue siendo, de lejos, el peor cualificado de los cinco que conforman la evaluación y acumula varios años en valores inferiores a los 60 puntos sobre 100.
“Aunque España forma parte del puñado de democracias en las que se ejerce con libertad el periodismo, la profesión vive en una situación de precariedad cronificada intolerable. Un periodista precario es siempre un periodista más vulnerable a las presiones y la autocensura. Es hora de que el sector entienda que generar información de calidad y dispensar a los periodistas garantías laborales es la única salida a la crisis de modelo que vivimos”, ha afirmado Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España.
Por último, el indicador que mide el contexto legal en el que se ejerce el periodismo ha descendido tres puestos este año, del 14º al 17º. Aunque la situación de España en este ámbito se ha mantenido entre las más favorables de la tabla, la eterna demora en la derogación de los artículos más polémicos de la Ley Mordaza y de los llamados “delitos de opinión” (ofensa a los sentimientos religiosos, injurias a la Corona, etc.) ha lastrado su desempeño. También lo ha hecho el cambio de mayorías parlamentarias decretado por el Gobierno para reformar la elección de la presidencia y el consejo de administración de RTVE, criticado por RSF, en cuanto contraviene el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, con el que el Ejecutivo se ha comprometido repetidamente.











