En los últimos años, medios digitales como ElDiario.es, infoLibre o El Confidencial se han enfrentado a procedimientos judiciales intimidatorios, con un desgaste elevado. Las SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) por presuntos delitos de revelación de secretos o atentados al honor proliferan en países de Europa como Italia, Croacia, Eslovenia y también España como instrumento para amedrentar a medios y redactores, a menudo vulnerables.
En 2021, la plataforma Media Freedom Rapid Response, documentó 439 alertas de ataques a la prensa en la UE, de las cuales el 22% tuvieron consecuencias legales. El último informe de la red del Consejo de Europa para la Protección y la Seguridad de los Periodistas también advierte de que las SLAPP se extienden en Europa. Los demandantes pueden provenir del sector privado (empresas), pero a menudo del público (partidos políticos o autoridades) y casi siempre basan sus denuncias en presuntos delitos relacionados con el derecho al honor (como la difamación), la lucha antiterrorista, la seguridad nacional o la revelación de secretos.
Esta última imputación es especialmente frecuente en España. En 2016, dos periodistas de ABC fueron acusados por la Fiscalía de Madrid de revelación de secretos; ese mismo año, otros dos periodistas del grupo Vocento fueron denunciados por el mismo delito, por un diputado regional del PP.
En 2018, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, demandó también por presunta revelación de secretos al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y a la redactora del medio Raquel Ejerique, en un proceso que duró tres años y se saldó con el archivo de la causa. El medio había publicado una larga investigación, ya conocida como ‘caso Máster’, que demostró que la expresidenta madrileña obtuvo un título de postgrado de forma fraudulenta. Este escándalo forzó su dimisión.
Propuesta de directiva para luchar contra el litigio abusivo
La Comisión Europea presentó, el pasado abril, una propuesta de directiva para luchar contra las SLAPP y proteger a los periodistas y defensores de los derechos humanos, acogida con satisfacción por RSF. Entre otras medidas, prevé garantías procesales contra los “litigios mordaza” (como la no admisión a trámite por su carácter abusivo) y sanciones (como indemnizaciones por daños y perjuicios y multas disuasorias a los demandantes).
La organización lamenta, sin embargo, que esta directiva apunte solo a casos transfronterizos -como las investigaciones de consorcios de medios- y a los que se hallan en el ámbito civil, pues Bruselas carece de competencias para legislar sobre casos nacionales y de ámbito penal. Por ello, Reporteros Sin Fronteras insiste en que los Estados de la UE, incluida España, adopten las recomendaciones de la Comisión y aprueben legislaciones protectoras para los periodistas y punitivas con quienes instrumentalicen la ley para criminalizar a los medios.
