El juez Miquel Florit, instructor del caso Cursach, anuló el pasado 21 de diciembre la resolución que él mismo dictó para requisar los teléfonos móviles, ordenadores y documentación a dos periodistas de la agencia Europa Press y de Diario de Mallorca y averiguar el origen de una filtración. Esta decisión se ha sabido por una resolución del mismo magistrado del 2 de enero, en la que deniega a los dos periodistas afectados y sus medios personarse en el delito por revelación de secretos, ya que los móviles no fueron abiertos y afirma que se entregaron de forma voluntaria, algo que niegan los periodistas.
Ante estas últimas noticias, el presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, ha señalado que “el daño ya está hecho”, y ha mostrado el deseo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España de “que no vuelvan a repetirse nuevas vulneraciones del derecho constitucional de los periodistas al secreto profesional”.
En su resolución, Florit no explica los motivos por los que ordenó la incautación y afirma que “no se ha producido ningún decomiso” sino que los periodistas entregaron sus aparatos “sin manifestar protesta alguna”, como efectos relacionados con la investigación de un delito. Tanto Europa Press como Diario de Mallorca han negado que la entrega de los teléfonos fuera voluntaria y que los periodistas fueron obligados y no se atendió su petición de recibir asistencia jurídica.
La resolución por la que los periodistas y sus empresas no pueden ser parte de la causa puede ser recurrida, mientras en paralelo, se mantiene la querella contra el juez por por vulneración del derecho de información y la libertad de prensa, en la que también se ha personado como acusación popular la Asociación de Medios de Información.
