La PDLI califica de “despropósito jurídico” la reforma legal para cerrar webs sin intervención judicial

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La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) considera “alarmante” la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos para eliminar la necesidad de autorización judicial y retirar contenidos de internet en caso de supuesta reiteración de una infracción prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma se tramita en el Congreso. Los tres grupos parlamentarios han presentado una enmienda común, despertando fuertes críticas por parte de abogados expertos en propiedad intelectual y derechos digitales.

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La PDLI considera esta enmienda un “despropósito jurídico” e  insta a los tres grupos a retirarla, ya que “es gravísimo que se puedan retirar contenidos de Internet sin que un juez evalúe si afecta o no a la libertad de expresión”. En cuanto a la supuesta justificación de la enmienda que plantean los tres proponentes, agilizar los procedimientos sancionadores, entiende que, además de inadmisible, no es creíble y hay que leerla en el contexto de los procedimientos sobre propiedad intelectual que se vienen perdiendo ante el juez.

El abogado David Bravo, miembro de la PDLI, explica el alcance de esta enmienda: “Lo previsto en la enmienda es que en los procedimientos sancionadores en vía administrativa por supuestas vulneraciones de propiedad intelectual ya no se tenga que acudir a un juez para que valide la ejecución de la medida de cierre de la web”. Aunque es cierto que “para que se dé un procedimiento sancionador y, por tanto, para estar en el supuesto en el que ya no hace falta juez, tiene que darse el caso de que se reitere o reanude la infracción”, lo grave es que es “la Comisión tanto la que decide si se ha dado la infracción como si se ha reiterado o reanudado”.

Además, hay circunstancias particulares en las que un juez puede no llegar a intervenir en absoluto en ningún caso, por ejemplo, si se ha producido originalmente una retirada voluntaria de contenidos: “Hay que tener en cuenta que el artículo prevé que se considera reanudación incluso el supuesto de que alguien haya retirado voluntariamente los contenidos y luego estos u otros del mismo titular vuelvan a aparecer, de tal manera que en este supuesto el titular de la web no habrá visto un juez en ningún caso, en el primero porque no hizo falta (retiró voluntariamente los contenidos) y en la segunda porque lo que se abrió contra él es un procedimiento sancionador por reanudación, en el que se prescinde de él”, aclara David Bravo.

Finalmente, de seguir adelante esta enmienda, se obligaría al titular de una web a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas: “Debe tenerse en cuenta además que la Comisión Sinde entiende que se produce reanudación de la infracción incluso cuando los contenidos son subidos nuevamente, pero por los usuarios de la web (como sucede en sitios como Goear, foros o incluso YouTube), lo que en la práctica obliga a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas”.

También se han sumado a la queja contra esta reforma la organización de consumidores Facua y las patronales de radios y televisiones privadas, que denuncian que las enmiendas fortalecen “la posición de dominio de las entidades de gestión frente a los usuarios”.