Amnistía Internacional denuncia en su informe anual los ataques al derecho a la libertad de expresión en España

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Amnistía Internacional ha presentado el informe “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017/2018”, que abarca 159 países y denuncia desde crímenes de guerra y de lesa humanidad (Myanmar, Irak, Sudán del Sur, Siria o Yemen) a medidas de represión en democracias como Francia y Estados Unidos. La ONG señala que España “tampoco queda al margen de esta situación” y constata ataques al derecho de la libertad de expresión, así como a otros derechos fundamentales como el de reunión.

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“Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso, ‘gracias’ a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información” denuncia Amnistía Internacional. Casos como los de Casandra Vera, condendada por unos chistes sobre el asesinato en 1973 de Carrero Blanco, se resaltan como ejemplo de un uso abusivo de la acusación de enaltecimiento del terrorismo.

La organización señala que tanto el derecho como al de la libertad de expresión como al de reunión pacífica han sido atacados  “tanto en el ámbito legislativo como, en algunos casos, en la práctica policial, entre ellos, el uso excesivo de la fuerza el 1 de octubre o la excesiva y desproporcionada prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart”. Por otra parte, las críticas a los poderes españoles se extienden al impacto de las medidas de austeridad en el acceso a la salud para colectivos como los migrantes o los desalojos de viviendas; así como al incumplimiento del compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), y a “las violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur”.

La libertad de expresión, campo de batalla

A nivel mundial, como valoración general, el secretario general de la ONG, Salil Shetty, señala que: “Con el mundo sumido en crisis, líderes prominentes nos ofrecieron la visión dantesca de una sociedad cegada por el odio y el miedo. Esta situación envalentonó a quienes promueven la intolerancia, pero motivó a muchas más personas para luchar por un futuro más esperanzador”.

La predisposición de líderes prominentes a propagar “noticias falsas” con el fin de manipular la opinión pública, unida a los ataques contra las instituciones que sirven para poner control al poder, muestra que la libertad de expresión va a ser un campo de batalla decisivo para los derechos humanos este año, señala Amnistía Internacional. “En 2018 no podemos dar por sentado que tendremos libertad para reunirnos en una protesta o para criticar a nuestro gobierno. De hecho, alzar la voz se está volviendo cada vez más peligroso”, afirma Salil Shetty.

El año pasado mataron a centenares de activistas al intentar las autoridades silenciar a quienes participaban en actividades de campaña y amordazar los medios de comunicación, explica el informe. Donde más periodistas acabaron en prisión fue en Turquía, Egipto y China, país, este último, donde el Nobel de la Paz Liu Xiaobo murió tras haber sido encarcelado por criticar al gobierno. Con los gobiernos persiguiendo sin ningún pudor el activismo en favor de los derechos humanos, Amnistía Internacional fue objeto de amenazas por su trabajo en Hungría y de detenciones sin precedentes de su personal en Turquía.

“Los gobiernos creen que pueden abrir la veda del activismo de derechos humanos. Pero ya pueden cerrarnos periódicos, desautorizar a jueces y encarcelar a activistas, que no nos callaremos. Si algo hemos aprendido del legendario activista chino Liu Xiaobo es que debemos hablarle claro al poder precisamente cuando parece imposible hacerlo”, afirma Salil Shetty.

En el informe se hace también hincapié en la necesidad de continuar alzando la voz contra la retórica del odio del tipo de la que se observó en los lemas xenófobos en Polonia o Estados Unidos y la represión generalizada de las comunidades LGBTI desde Chechenia hasta Egipto. “Es posible que las políticas de Donald Trump marcaran el principio de una nueva era de regresión en materia de derechos humanos, pero no fueron las únicas. Desde Australia hasta Hungría se puede observar que quienes ejercen el liderazgo llevan mucho tiempo tratando a las personas refugiadas como problemas que hay que apartar, no como seres humanos con derechos, que merecen nuestra compasión”, indica Salil Shetty.

Finalmente, el  informe recuerda que, para millones de personas de todo el mundo, el acceso a bienes y servicios básicos, como vivienda, alimentos y atención de la salud, es cada vez más precario. Amnistía Internacional advirtió de que, mientras los gobiernos no aborden las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad, existirá un riesgo enorme de que se intensifique la conflictividad.

En vez de intentar silenciar a las personas cuando alzan la voz, los gobiernos deben atender sus preocupaciones, manifiesta Amnistía Internacional, y comenzar a eliminar las restricciones impuestas a los medios de comunicación, la sociedad civil y otros agentes clave que ponen control al poder. “Estamos presenciando cómo se hace historia a medida que cada vez más gente se rebela y exige justicia. Si quienes ejercen el liderazgo no se percatan de lo que está llevando a la gente a protestar, será su ruina. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, explica Salil Shetty.