La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid han protestado por la decisión de Ucrania de expulsar a los periodistas españoles Antonio Pampliega y Ángel Sastre, cuando pretendían informar sobre el conflicto en el este del país, y demandan al Gobierno de Kiev a que revoque inmediatamente esta medida coercitiva. Desde la FAPE se ha contactado en reiteradas ocasiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores español para pedirle su mediación en este asunto.
La presidenta de la FAPE, Elsa González, ha calificado de “inconcebible” la expulsión de Ucrania de los periodistas Antonio Pampliega y Ángel Sastre. En declaraciones a Efe, González ha tachado de “impresentable una decisión de este tipo por parte de un país en teoría democrático”, y ha añadido que es “inaceptable la persecución que sufren los periodistas y el periodismo en los países democráticos.”
Ambos periodistas freelance, que estuvieron 10 meses secuestrados en Siria entre 2015 y 2016, estaban en Ucrania con la intención de informar del conflicto en el este del país. Así lo hicieron también en 2014, lo que se interpreta como el motivo para ser vetados por el régimen de Kiev. “En 2015 incluyeron nuestros nombres en una lista negra por nuestras informaciones sobre el este de Ucrania que no gustaron al Gobierno. Durante nuestro secuestro, el Gobierno ucraniano nos quitó de la lista para que pudiésemos entrar al país. Ahora resulta que el Servicio de Inteligencia Ucraniano nos ha incluido en una segunda lista, junto a otros 40 nombres, donde se nos considera peligrosos para la Seguridad Nacional y se nos veta la entrada a Ucrania hasta el 2020. Esta es la democracia que se apoya desde La Unión Europea y que impide a la prensa trabajar con libertad en suelo ucraniano”, ha dicho Antonio Pampliega.
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha difundido también un comunicado de condena en el que igualmente solicita que el Gobierno español “pida explicaciones al de Ucrania sobre este intento de censura previa” y resalta que “el trabajo de los periodistas en países en conflicto es primordial para que los ciudadanos reciban una información independiente y veraz, y los Gobiernos no deben obstaculizarlo bajo ningún pretexto”.
