Los abogados piden a la Audiencia Nacional la excarcelación del periodista turco Hamza Yalçin

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Hamza Yalçin, el periodista turco-sueco detenido en Barcelona en aplicación de una orden de búsqueda y captura de Turquía, acusado de haber insultado al presidente Erdogan en un artículo, ha presentado un recurso de apelación contra el auto de el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ordenó su prisión provisional sin fianza hasta que se resuelva la petición de extradición. Según publica El País, los abogados de Yalçin cuestionan la legalidad de su encarcelamiento.

FOTO: El País
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Uno de los argumentos es que el periodista y escritor teme ser ejecutado si es entregado al régimen turco, ya que sobre Yalçin pesan dos condenas a muerte en su país de origen y, aunque la pena capital fue abolida en Turquía en 2004, Erdogan ha amenazado repetidamente con reimplantarla. Tanto la ley española como los convenios internacionales prohíben expresamente entregar a una persona cuando haya riesgo de que sea ejecutada, por lo que los letrados sostienen que no tiene sentido mantenerle en la cárcel por una demanda que en ningún caso puede prosperar. La defensa ha presentado informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones para ilustrar la falta de respeto a los derechos humanos del régimen de Erdogan, la represión de los medios de comunicación críticos y el empleo de falsas acusaciones de terrorismo para encubrir la persecución política.

Además, subrayan que no se puede extraditar a una persona que tenga concedido el asilo político y Yalçin lo recibió en 1987 en Suecia y si ya no lo tiene es porque, al haber obtenido la nacionalidad sueca resultaba innecesario, no porque desaparecieran los motivos por los que se le otorgó. El recurso critica la falta de motivación del auto del juez Ismael Moreno que ordenó su ingreso en prisión y, frente a la afirmación de que Yalçin carece de arraigo en España, lo que incrementaría el riesgo de fuga, recuerda que este tiene arraigo en Suecia, donde goza de notable reputación como periodista y es un destacado miembro de la asociación de escritores.

Con la puesta en marcha del espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE y la orden de detención europea, que permite la entrega inmediata de detenidos entre Estados miembros, no tiene sentido, alega el recurso, diferenciar a los ciudadanos europeos de los españoles, a los que la ley prohíbe extraditar, y va en contra del principio de no discriminación consagrado por el Tratado de la Unión.

Pese a considerar que la extradición debe ser rechazada de plano, sus letrados plantean medidas cautelares alternativas para el caso de que Yalçin sea puesto en libertad, como la retirada de pasaporte, presentación periódica ante el consulado español en Suecia o incluso la obligación de fijar un domicilio en España hasta que se decida sobre su extradición.

El procedimiento contra Yalçin, según sus abogados, forma parte de la campaña iniciada en 2014 por Erdogan para encarcelar a periodistas y cerrar medios de comunicación bajo la acusación de colaborar con el terrorismo. El dueño de la revista turca en la que colabora Yalçin, Odak, fue condenado en un procedimiento con dudosas garantías, agregan.

El encarcelamiento de Yalçin ha motivado protestas de las principales organizaciones profesionales, ONG y distintas instituciones. Así, la Federación Internacional de Periodistas ha calificado los cargos de terrorismo que se le imputan como “un pretexto para perseguir a la prensa libre y crítica en Turquía” y para Reporteros Sin Fronteras, “en España no hay delitos de opinión, por lo que si de lo  único que Erdogan puede acusarle es de haber escrito y publicado críticas a su régimen o a su persona, en ningún caso podrá prosperar ante la Justicia española un hipotético proceso de extradición”.

El recurso de excarcelación lo resolverá la Sala de lo Penal de la Audiencia, pero resultará decisiva la opinión del fiscal, que inicialmente pidió su ingreso en prisión. Turquía debe ahora presentar el expediente de acusación y formalizar la petición de extradición, sobre la que la última palabra la tendrá el Gobierno.

 

Fuente: El País