La Conferencia Internacional sobre libertad de expresión de Catar denuncia retrocesos en todo el mundo

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Más de trescientos periodistas y representantes de medios de todo el mundo, miembros de organizaciones de defensa de la libertad de prensa y delegados de Naciones Unidas y de la UNESCO han participado en la Conferencia Internacional sobre libertad de expresión celebrada Doha (Catar) los días 24 y 25 de julio, exponiendo un análisis sobre la situación mundial de este derecho y sus principales amenazas e ideas para protegerlo.

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Entre otros temas, en este encuentro se ha abordado la aplicación del derecho internacional en materia de libertad de opinión, expresión y de acceso a la información; los desafíos legales que plantean las nuevas tecnologías; cómo promover medios de comunicación pluralistas e independientes; la protección de los informadores en zonas hostiles y de conflicto; la impunidad por los crímenes contra periodistas: o los desafíos éticos que plantean el resurgimiento del racismo o los derivados de conflictos culturales y religiosos. La conferencia está organizada por la Federación Internacional de Periodistas (FIP/IFJ) con el objetivo de “apoyar y promover la libertad de opinión y la libertad de expresión, así como el acceso y el intercambio de información y abordar los retos que enfrentan estas libertades y derechos, incluyendo los desafíos tradicionales y modernos”.

La secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Yolanda Quintana,  fue la encargada por la FIJ de presentar una lista de recomendaciones y destacó en su intervención ante el plenario como “la verdad es un derecho al alcance de cada vez un menor número de ciudadanos en todo el mundo”.

Solo en 2017 ya se han producido 39 muertes de periodistas y otros trabajadores de equipos informativos; México (con 9 muertes), Irak (6), Afganistán (6) y Pakistán (3) encabezan la lista de países con un mayor número. Además en el último año han sido encarcelados 150 periodistas por hacer su trabajo y se han cerrado 180 medios. “Un dato a tener en cuenta es que casi la mitad de los periodistas encarcelados en 2016 trabajan en medios digitales”, ha destacado Quintana.

También ha llamado la atención sobre la “sorprendente” semejanza de las amenazas legales contra la libertad de información y de opinión en todo el mundo: “las leyes antiterroristas, las de orden público, las que tratan de delitos de odio, y las supuestamente destinadas a combatir los ciberdelitos se están usando contra periodistas y sus fuentes, contra artistas y contra activistas en países de los cinco continentes”, destacando como “en todos los casos, se trata de leyes con una redacción amplia y ambigua que están permitiendo decenas de juicios y procedimientos sancionadores”.

Recomendaciones

Respecto a esta tendencia global de recortar la libertad de expresión y de prensa con la coartada de la seguridad frente a la amenaza terrorista o la extensión del discurso del odio, la PDLI es tajante en rechazar este intercambio de derechos y zanja: “en ningún caso vamos a participar en un intercambio de bienes jurídicos merecedores de protección: los Derechos Humanos se respetan y garantizan, no se negocian”.

En cuanto a las recomendaciones que la organización de la Conferencia había encargado a la PDLI que elaborara, Quintana ha reclamado a los representantes de la ONU y la UNESCO allí presentes “un mayor liderazgo para frenar la progresiva desuniversalización del derecho fundamental a la información”, que ha denunciado se está produciendo. “Tal vez sea el momento de un nuevo informe McBride”, ha señalado en alusión al documento de la UNESCO que en los ochenta sentó las bases del derecho a la información y a la cultura tal como ahora lo entendemos, frente a una visión más liberal entonces hegemónica.

También, entre otras medidas, ha pedido campañas de información y ”redoblar los esfuerzos pedagógicos para que la sociedad perciba y comprenda el riesgo de ceder ante la falsa dicotomía seguridad/libertad. No podemos permitir que los propios ciudadanos sean quienes renuncien a sus derechos empujados por el miedo y la manipulación”, ha señalado.

En cuanto al uso de la tecnología como arma contra periodistas o activistas, Yolanda Quintana ha instado a vigilar y documentar cada uno de los casos que se produzcan, a impulsar “alianzas con técnicos, expertos en ciberseguridad y hackers” y a incluir en los protocolos para la protección de los periodistas y activistas todo lo relativo a su ciberseguridad.

Finalmente, la PDLI ha propuesto que se impulsen litigios estratégicos, de modo que sean los que tribunales internacionales como el Tribunal de la Unión Europea, (TJUE) quienes, de forma independiente, y de acuerdo a los estándares internacionales de libertad de expresión, ponderen el posible conflicto de derechos. se negocian”.