Las asociaciones de periodistas condenan la censura judicial de la investigación de #Footballleaks

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la decisión del juez español Arturo Zamarriego de prohibir al diario El Mundo y todos los medios europeos publicar información sobre una trama de evasión de impuestos en el fútbol profesional, un caso conocido como Football Leaks, ha sido condenada por las distintas asociaciones de periodistas como “intento de censura” e “impropia de una democracia”. A través de comunicados, el caso ha sido duramente criticado por las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

FootballLeaks

Según explicó El Mundo el 3 de diciembre, el juez de Madrid Arturo Zamarriego prohibía al periódico y a su director, Pedro G. Cuartango, como medida cautelar, “la difusión de la información de alcance mundial que hoy recogen estas páginas”, en referencia al caso Football Leaks, amenazando con “penas de hasta cinco años de cárcel”. El motivo era una denuncia de la asesoria fiscal Senn Ferrero Asociados, que contaba entre sus clientes a posibles involucrados, y aducía que la información tenía su origen en un ataque informático. Según el auto del juez, la medida judicial tendría como objetivo proteger los datos confidenciales, fiscales y legales de los clientes, además de una investigación judicial sobre el asunto que ya estaba en marcha.

El Mundo recurrió el auto y  siguió adelante con la publicación, explicando en su editorial del  5 de diciembre, que “sería un escándalo que el juez castigara al director de este periódico por cumplir con su obligación” y que ofreció al denunciante una la obligada oportunidad de explicarse. Además señalaba que la información es fruto de las pesquisas sobre 18 millones de documentos procedentes de filtraciones realizadas durante meses por el consorcio europeo de periodismo de investigación European Investigative Collaborations (EIC), del que forman parte el semanario alemán Der Spiegel, L’Espresso (Italia), o el británico The Sunday Times, entre otros, y que la no publicación por su parte  “no podía revelar ningún secreto porque, a las nueve de la noche del viernes pasado, una decena de medios europeos colgaba en sus webs la misma información”.

El editorial señalado consideraba que el juez tenía “buenas intenciones” y que el auto se explicaba porque este ignoraba el tema de la noticia, la posible responsabilidad penal de la asesoría legal y la publicación conjunta en doce medios. Sin embargo, un nuevo auto del juez Zamarriego, del 5 de diciembre, extiende a todos la prohibición de publicar informaciones relativas a los mencionados documentos.

Los expertos consideran que el juez no tiene  jurisdicción para prohibir a los doce medios del EIC publicar noticias y que la medida será revocada por la Audiencia, pero que supone un grave caso de violación del derecho a la libertad de expresión y “pone a la Justicia española en ridículo”.

“Pedimos al juez que no actúe ni contra El Mundo, ni contra su director, ni contra ningún otro medio del EIC, ya que sólo hacían su trabajo periodístico: sacar a la luz unos hechos presuntamente delictivos y que interesan a todos los ciudadanos, ya que se trata de un fraude fiscal” apunta la presidenta de RSF España, Malén Aznárez.

El secretario general de la FEJ Ricardo Gutiérrez ha calificado el acto de censura del juez como “una violación flagrante de la libertad de prensa garantizada por la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este es un acto sumamente grave que requiere una respuesta firme por parte de las autoridades públicas españolas. El juez Zamarriego simplemente penaliza el ejercicio de la libertad de prensa e intimida a los periodistas bajo amenaza de prisión. Esto es inaceptable e indigno”. Gutiérrez ha añadido que “la supuesta necesidad de proteger la privacidad de las figuras públicas no prima, en ningún caso, sobre el derecho del ciudadano a ser informado acerca de un escándalo de esta magnitud. El interés público de estas revelaciones es evidente”.

Citado por la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el experto internacional Joan Barata recuerda que “las normas y la jurisprudencia internacional son muy claras al respecto. La decisión del juez viola la prioridad y el carácter fundamental de la libertad de expresión; su razonamiento jurídico ataca el pilar fundamental para nuestras democracias que es el periodismo de investigación “.