Las asociaciones de periodistas reiteran su posicionamiento en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana

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Foto AFP / Javier Soriano

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha reiterado su oposición por los límites que se imponen al derecho a la información.

En 2013 ya alertaba de su colisión con el derecho a la información, pidiendo por carta una reunión con el ministro del Interior. En 2014, la Asamblea General de la Federación aprobó por unanimidad una resolución contra esta norma que este miércoles, 1 de julio, ha entrado en vigor.

La resolución fue presentada por la Asociación de la Prensa de Madrid y en ella se instaba al Gobierno a modificar cualquier apartado del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que pudiera conducir a limitaciones de derechos fundamentales, como el derecho a la información o a la libertad de expresión.

En concreto, la FAPE se opuso en su resolución al apartado que sanciona el uso de imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que “atenten gravemente contra su derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen” o “pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de la operación”.

Asimismo rechazó la sancionabilidad de “las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos, cuando no constituyan delito”.

La Asamblea General de la FAPE acordó instar al Gobierno para que retirara del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana las normas mencionadas, modificando cualquier otro apartado que pudiera conducir a limitaciones de derechos fundamentales como el derecho a la información o a la libertad de expresión.

Para el supuesto de que el Gobierno no modificara el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en el sentido solicitado, decidió pedir a los grupos parlamentarios que solicitasen y promoviesen, en el trámite parlamentario de la Ley, la retirada de todo lo que limite o pueda limitar los derechos a las libertades de expresión y de información.

En pie contra la nueva ley.

Más de un centenar de periodistas almerienses se han concentrado en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor este miércoles. La concentración pacífica tuvo lugar en Puerta Purchena, junto a la escultura a Nicolás Salmerón y Alonso.

La presidenta de la Asociación de Almería leyó el manifiesto de la FAPE. /Foto J.J. Mullor
La presidenta de la Asociación de Almería leyó el manifiesto de la FAPE. /Foto J.J. Mullor

Los periodistas almerienses, arropados por la Asociación de la Prensa de Almería y por el Colegio de Periodistas de Andalucía, consideran que la norma “atenta gravemente contra las libertades y derechos fundamentales de la ciudadanía y, de manera especial, a la libertad de información y de expresión que afectan al ejercicio del periodismo”.

La AP-APAL y el CPPAA entienden que la “ley mordaza restringe derechos fundamentales cuya prohibición queda en manos de la voluntad de la Administración y no del Derecho Penal”.

La presidenta de la AP-APAL y del CPPAA, Covadonga Porrúa Rosa leyó el manifiesto ‘No a la ley mordaza por vulnerar la libertad informativa’.

Apoyo internacional.

La Ley de Seguridad Ciudadana convierte en delito penal ¨el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales¨ de policías ¨que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes¨. Los periodistas o ciudadanos que saquen fotografías a los agentes podrían enfrentar una multa de hasta 30.000 euros, en virtud de la nueva ley.

La FIP y la FEP han respaldado la oposición de sus afiliados españoles a las cláusulas de la ley que impiden a los fotoperiodistas utilizar secuencias de manifestaciones en las que aparezcan miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.¨La nueva ley supone una burla a la democracia en España ya que limita de manera arbitraria el derecho de los ciudadanos de reunirse y expone a los fotoperiodistas a ser perseguidos por tomar fotografías que incluyan agentes en los eventos públicos¨, ha declarado el presidente de la FIP, Jim Boumelha.

En junio, la FEP participó en una misión internacional relativa a la libertad de prensa en España. La Federación hizo entonces un llamamiento para que la ley fuera revocada debido al impacto negativo que tendría en la libertad de prensa y de expresión en el país.

Según Mogens Blicher Bjerregård, presidente de la FEP, ¨la Ley de Seguridad Ciudadana viola claramente los derechos fundamentales tanto de los periodistas como de los ciudadanos para expresarse y acceder libremente a la información, tal y como garantiza la Convención de Derechos Humanos de la Unión Europea. Nos preocupa que cada vez más y más periodistas y fotógrafos, especialmente los freelance, enfrenten restricciones o arrestos debido a la nueva ley¨.

Organizaciones como Greenpeace han acusado al Gobierno de valerse de la ley para negar a los ciudadanos el derecho de difundir el uso excesivo de la fuerza de los agentes de seguridad en las protestas. Además, cinco relatores de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y asociación, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, los derechos humanos de los migrantes y la situación de los defensores de los derechos humanos firmaron un comunicado conjunto en febrero criticando estas reformas legislativas en España e instando a las autoridades a mantener su obligación de hacer cumplir las libertades civiles en el territorio nacional.

La FIP y la FEP ya habían denunciado la nueva ley ante la plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas del Consejo de Europa.