El Comité de Canal Extremadura manifiesta la privatización encubierta de parte de los informativos

56

Los trabajadores de la televisión pública denuncian que la dirección está restando, de manera intencionada, la capacidad productiva del personal y que el porcentaje de periodistas externos supone un 45% de los que elaboran unos informativos en los que trabajan a diario en torno a 18 cámaras y 18 redactores de fuera del ente.

Según el Comité de Empresa, desde que comenzó a ejecutarse el concurso de coberturas informativas, Canal Extremadura está relegando a periodistas de la televisión pública, de sobrada experiencia, a la elaboración de material enlatado y brutos procedentes del personal externo. “Los periodistas de la casa forman parte de la imagen pública de la cadena y aportan un valor añadido a la información, aspectos que se están impidiendo por parte de la empresa”, afirman.

“Despojar a los trabajadores de la casa de parte de su trabajo para dejarlo cada vez más en manos de otros no puede tener ninguna consecuencia positiva”, asegura el Comité, que considera que esta situación atenta también contra la dignidad y el respeto a la profesionalidad de los trabajadores de la televisión pública.

Actualmente, en torno a 18 cámaras y 18 redactores externos trabajan a diario para los informativos de Canal Extremadura. Mientras, el número de cámaras propios es de tan solo ocho y el porcentaje de redactores externos supone un 45% del personal que elabora a diario los contenidos informativos, según datos de los representantes de los trabajadores.

El Comité ha alertado también del perjuicio que se le causa al servicio público, coincidiendo con el arranque del periodo preelectoral, ya que “este avance hacia la privatización hace más fácil ejercer un control sobre la información y por tanto la hace más manipulable”.

“No nos oponemos –aseguran- a que se contraten servicios complementarios para ofrecer un mejor servicio público, pero no estamos dispuestos a aceptar una especie de televisión paralela privada y que con ello se pretenda sustituir una estructura que la empresa debería tener y a la que la Ley Audiovisual le obliga”