Los fotoperiodistas agredidos por la Policía el 29 de marzo han presentado denuncia en los juzgados

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La Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión ha criticado en rueda de prensa que los agentes implicados en estos hechos llevaran ocultos bajo los chubasqueros sus números de identificación y operativos, pese a lo que señala en contra la normativa vigente.

La Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP–TV) ha convocado este martes una rueda de prensa para informar sobre la injustificable agresión sufrida por los fotoperiodistas el pasado 29 de marzo a manos de agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía.

“Creemos que la violencia vertida contra estos informadores gráficos, debidamente identificados, durante el ejercicio de su labor profesional es del todo intolerable e inexplicable en un estado democrático”, ha asegurado José Luis Cuesta, vicepresidente de la Asociación.

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(De izd. a dcha.)García,Pecot,Cuesta, Navarro y Robles, en la rueda de prensa./Víctor Lerena

Para los miembros de ANIGP-TV, la máxima perjudicada por la actitud de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, cercenando la libertad de prensa, es la ciudadanía, que ve limitado su acceso a una información libre y veraz. Los daños físicos y materiales a los informadores gráficos representan solo una parte de ese perjuicio. Algo en extremo lesivo si tenemos en cuenta que vivimos unos tiempos de continuas movilizaciones sociales producto de la crisis económica y un aumento claro de la conflictividad social, según han señalado. Son los fotoperiodistas quienes en primera línea de los acontecimientos registran y garantizan con su trabajo este acceso a la información.

“De un tiempo a esta parte –ha añadido el vicepresidente de ANIGP-TV- la sucesión de actuaciones contra los informadores gráficos y periodistas por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entorpeciendo su labor profesional a través de agresiones, multas y coacciones, llevan a pensar que hay un interés por limitar el escrutinio público de sus intervenciones”.

Es importante señalar que este mismo mes de marzo tres fotoperiodistas han sido imputados en juicios de faltas a raíz de denuncias policiales cuando se encontraban en el ejercicio de la labor periodística, siendo absueltos en todos los casos. Más grave aún es que otros dos informadores gráficos fueron detenidos el pasado mes de febrero mientras documentaban la ejecución de un desahucio, y se encuentran pendientes de un juicio penal acusados de desacato y resistencia a la autoridad, cargos por los cuales se les solicitan entre dos y cuatro años de prisión.

En este contexto, desde la ANIGP-TV se presentó, el pasado día 13 de febrero, una denuncia dirigida a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, donde se expuso la gravedad de la situación, se aportaron las pruebas correspondientes a la ilegítima actuación policial, y se solicitó la apertura de una investigación por parte de su institución.

La Asociación Nacional de Informadores Gráficos valora de manera muy positiva que la Policía Nacional se preocupe por la correcta identificación de los diferentes actores que participan en una intervención policial, en este caso los informadores gráficos, “lo que nos obliga a preguntarnos –han dicho- por qué todos los efectivos policiales que participaron en las agresiones a los periodistas el 29M no portaban de forma visible el numero de identificación policial (TIP) ni el operativo (NOP), los cuales mantuvieron ocultos bajo los chubasqueros, y que son reglamentarios según el artículo 21/2 del Real Decreto 1484/1987”.

En la rueda de prensa también han anunciado que esta misma mañana los fotoperiodistas Gabriel Pecot, Juan Ramón Robles, Mario Munera y Rodrigo García, agredidos el 29M, han presentado una denuncia conjunta en los juzgados de Plaza de Castilla para que se establezcan las responsabilidades correspondientes entre los efectivos policiales participantes en la agresión.

Por otra parte, “exigimos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean garantes del derecho a ejercer la libertad de prensa, y demandamos que se depuren responsabilidades tanto en el Ministerio del Interior como en la Delegación de Gobierno”.

“La Policía es un cuerpo de seguridad del que se han dotado los ciudadanos para garantizar derechos y libertades reflejados en la Constitución –ha asegurado José Luis Cuesta-. Parte de esas libertades son las de informar libremente y parte de esos derechos el que tiene la ciudadanía a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Sin libertad de prensa no hay democracia”.

Publicado en FAPE.