La FAPE, el Foro de Organizaciones de Periodistas y la Asociación Nacional de Informadores Gráfico de Prensa y Televisión (ANIGP-TV) piden reunirse con el ministro del Interior para conocer el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y su relación con el derecho a la libertad de información.
A través de una carta han solicitado una reunión para abordar “posibles discrepancias” con el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ya que creen que pueden colisionar con el derecho constitucional a la información.
En la misiva, firmada por los presidentes de las tres organizaciones Elsa González, Mariano Rivero y Víctor Lerena, se señala que han conocido “con sorpresa y preocupación” el citado borrador, en el que algunos artículos “pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como para los editores que publiquen estos contenidos “.
“Teniendo en cuenta que estamos hablando de un borrador, que también estará sometido a dictámenes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, le pedimos una reunión, con el fin de poder abordar posibles discrepancias y lograr que se modifique esta propuesta inicial en beneficio del trabajo de los profesionales y de los medios de información así como de los ciudadanos, que son los destinatarios del mismo”, concluye la carta.
Por otra parte, la Asociación de Prensa de Madrid ha enviado el siguiente comunicado al respecto del borrador del Proyecto de Ley citado:
La Asociación de la Prensa de Madrid rechaza que se puedan imponer sanciones por grabar o difundir imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público.
Dichas coberturas son una parte importante del interés informativo de los medios y de los ciudadanos, por lo que cualquier intento de sancionarlas vulneraría los derechos a la libertad de expresión y de información.
Los periodistas y los medios sabemos cuándo la difusión de unas imágenes puede poner en peligro la seguridad de un policía o el éxito de una intervención policial,como hemos demostrado en más de una ocasión.
Por lo demás, hay abundante y suficiente jurisprudencia en nuestro país para resolver los casos contra los derechos al honor y a la imagen de las personas.
